Las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República del Perú sobre el proceso de resolución del contrato de la obra vinculada al Pozo Tubular N.° 4 vuelven a poner en evidencia una de las debilidades más preocupantes en la gestión pública: la ausencia de procedimientos técnicos claros y el manejo administrativo deficiente de proyectos que comprometen recursos del Estado. En este caso, la entidad involucrada es Sedachimbote S.A., empresa responsable de servicios esenciales para la población.
La obra denominada “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable urbano en la instalación de la línea de impulsión del Pozo Tubular N.° 4 al reservorio R-IV” debía contribuir a mejorar el abastecimiento de agua potable. Sin embargo, lejos de convertirse en una solución, hoy aparece rodeada de cuestionamientos debido a la forma en que se resolvió el contrato de ejecución.
El informe de control revela un hecho sumamente grave: no se realizó la liquidación técnica ni financiera del contrato. Este procedimiento no es un simple trámite administrativo. Por el contrario, constituye una etapa clave que permite determinar cuánto se ejecutó realmente, cuáles fueron las partidas culminadas, qué metrados se realizaron y qué trabajos quedaron pendientes. Sin esta información, cualquier intento de continuar la obra mediante un saldo de ejecución queda envuelto en incertidumbre.
La inexistencia de documentación que acredite la constatación física de la obra y el inventario correspondiente agrava aún más el problema. En términos simples, no hay claridad sobre el estado real de la infraestructura construida. Ello significa que no se puede establecer con precisión qué parte del proyecto se ejecutó correctamente, qué trabajos presentan deficiencias o qué partidas deben ser replanteadas.
Más preocupante todavía resulta que distintas áreas de la propia entidad reconozcan no contar con información básica. Desde la Gerencia de Asesoría Jurídica hasta la Jefatura de Contabilidad y la Gerencia Técnica coinciden en señalar que no existe el informe de liquidación ni documentos que sustenten los metrados ejecutados o la constatación física de la obra. Esta situación refleja un serio problema de gestión interna y de control administrativo.
En cualquier institución pública, la documentación técnica y financiera constituye el respaldo fundamental para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos. Cuando estos documentos simplemente no existen o no pueden ser acreditados, se genera un vacío que abre la puerta a posibles perjuicios económicos para el Estado.
A pesar de ello, se aprobaron decisiones administrativas que incluyen la devolución de la garantía de fiel cumplimiento y el pago de utilidades al contratista, todo ello en el marco de un acuerdo conciliatorio. Tales decisiones, sin contar con la información técnica completa, generan inevitables interrogantes sobre la solidez de los procedimientos seguidos.
Este caso revela un problema estructural que trasciende a una gestión específica. Muchas obras públicas terminan paralizadas, con contratos resueltos o con expedientes de saldo de obra, pero sin contar con la información técnica necesaria para determinar con exactitud lo que realmente ocurrió durante su ejecución.
Por ello, el informe del órgano de control no debe quedar únicamente como una advertencia administrativa. Corresponde a la entidad adoptar acciones correctivas que permitan esclarecer responsabilidades y, sobre todo, garantizar que el proyecto pueda continuar sin poner en riesgo mayores recursos públicos.
La ciudadanía merece servicios de agua potable eficientes y obras ejecutadas con responsabilidad. Cuando la gestión falla en aspectos tan básicos como la documentación y el control técnico, no solo se compromete un proyecto de infraestructura, sino también la confianza de la población en sus instituciones.