La mirada jurídica
Por: Mag. Anshella Díaz Macedo
Cada vez que el Perú enfrenta una crisis política, social o institucional, surge una respuesta que parece automática: proponer una nueva ley. Se anuncia con entusiasmo, se presenta como solución y se promete que, esta vez, las cosas cambiarán. Sin embargo, la experiencia demuestra que el problema del país no radica en la falta de normas, sino en algo mucho más profundo: la enorme distancia entre la ley escrita y la ley que realmente se cumple.
Nuestro ordenamiento jurídico no es escaso. Por el contrario, el Perú posee un sistema normativo amplio y detallado. La Constitución reconoce derechos fundamentales, existen leyes destinadas a combatir la corrupción, proteger a la familia, garantizar el acceso a la justicia y regular el funcionamiento del Estado. Sobre el papel, contamos con herramientas suficientes para sostener un verdadero Estado de Derecho.
El problema aparece cuando esas normas no se cumplen.
Cuando una ley se aplica de manera selectiva, cuando los procesos judiciales se prolongan indefinidamente o cuando las instituciones encargadas de hacer respetar el orden jurídico se debilitan, la ley pierde su verdadera fuerza. Deja de ser una regla que ordena la convivencia social y pasa a convertirse en una declaración que pocos respetan y muchos desconfían.
Y cuando la ciudadanía percibe que la ley no se aplica de manera igualitaria, la confianza en las instituciones comienza a erosionarse.
La informalidad, la impunidad y el abuso encuentran entonces un terreno fértil para expandirse. No porque falten leyes, sino porque falta algo más importante: la decisión real de hacerlas cumplir.
Esta reflexión resulta particularmente pertinente en el contexto actual del país. A propósito de las próximas elecciones generales del 2026, empiezan a aparecer numerosos candidatos al Congreso que anuncian con entusiasmo que presentarán nuevas leyes para resolver los problemas del Perú. El discurso suele repetirse: más normas, más reformas, más regulación.
Sin embargo, pocas veces se explica con claridad cuál es la verdadera responsabilidad de quienes aspiran a ocupar un escaño parlamentario.
El Congreso de la República no existe únicamente para producir leyes. La propia arquitectura constitucional le asigna funciones que son igual o incluso más relevantes para el equilibrio democrático: representar a la ciudadanía, fiscalizar el ejercicio del poder político y controlar la correcta actuación del Estado.
La función de control político —muchas veces olvidada— es esencial en cualquier sistema democrático. Implica supervisar la actuación del gobierno, exigir transparencia en la gestión pública, investigar posibles irregularidades y garantizar que el poder se ejerza dentro de los límites que establece la Constitución.
De igual manera, el Parlamento tiene la responsabilidad de evaluar la eficacia de las leyes ya existentes. Antes de prometer nuevas normas, resulta indispensable preguntarse por qué muchas de las que ya fueron aprobadas no producen los resultados esperados o simplemente no se aplican.
La legislación no debe convertirse en una carrera por acumular normas ni en un recurso retórico para campañas electorales. Cada ley debería responder a una necesidad real del país, sustentarse en un análisis serio de la realidad y orientarse a fortalecer las instituciones encargadas de aplicarla.
En ese sentido, el verdadero desafío del Perú no es legislar más, sino legislar mejor, fiscalizar con responsabilidad y garantizar que las leyes se cumplan de manera efectiva.
La vigencia real de la ley depende tanto de la fortaleza de las instituciones como de la convicción de la sociedad para respetarla. Una democracia sólida no se construye únicamente con normas bien redactadas, sino con instituciones capaces de hacerlas valer y ciudadanos conscientes de que el respeto al orden jurídico es la base de la convivencia democrática.
El progreso de una nación no se mide por la cantidad de leyes que produce su Congreso, sino por la capacidad de su Estado para aplicarlas con justicia, equidad y sin privilegios.
Porque cuando la ley se respeta, la justicia deja de ser una aspiración y se convierte en una realidad.
Mag. Anshella Díaz Macedo
Abogada