La reciente decisión de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) de resolver contratos vinculados a la ejecución de defensas ribereñas en varios ríos de la costa norte, entre ellos Lacramarca, Casma y Huarmey, vuelve a poner sobre la mesa un problema recurrente en la gestión de grandes obras públicas en el país: la falta de previsión, la débil supervisión de los procesos y las consecuencias que terminan pagando las poblaciones más vulnerables.
La ANIN ha señalado que esta situación no fue originada por su gestión, sino por decisiones adoptadas anteriormente por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), entidad que suscribió los contratos ahora cuestionados. Sin embargo, ese argumento resulta insuficiente. Cuando la ANIN asumió las funciones de la ARCC, también heredó sus activos, pasivos y, por supuesto, sus responsabilidades. En otras palabras, los problemas pendientes pasaron a formar parte de su propia gestión.
Por ello, resulta difícil aceptar que se deslinde responsabilidad simplemente señalando el origen del problema. Lo cierto es que, desde que la ANIN asumió la conducción de estos proyectos, ha tenido el tiempo suficiente para revisar, corregir o prevenir situaciones que hoy terminan estallando con la resolución de contratos que afectan obras claves para la protección de miles de familias.
En este caso, la controversia gira en torno a la empresa Obrascón Huarte Lain S.A. (OHLA), a la que se le cuestiona la omisión de información relacionada con sanciones internacionales vinculadas a su casa matriz y accionistas. Según la ANIN, esta falta constituye una causal válida para resolver los contratos suscritos para la ejecución de defensas ribereñas.
Más allá del aspecto legal, lo que preocupa es el impacto real que esta decisión tendrá sobre proyectos que son considerados estratégicos para prevenir inundaciones y mitigar los efectos de fenómenos climáticos como el Niño Costero. Durante años, ciudades enteras han sufrido desbordes de ríos, pérdida de viviendas y daños a la infraestructura pública por la ausencia de obras de protección adecuadas.
La ANIN ha asegurado que la continuidad de los trabajos está garantizada. Sin embargo, hasta el momento no ha explicado con claridad cuál será el mecanismo que permitirá retomar las obras ni quién asumirá su ejecución. Esta falta de precisión genera legítimas dudas, sobre todo cuando se trata de proyectos cuyo costo supera los 600 millones de soles, como ocurre en el caso del río Lacramarca.
Resulta difícil imaginar que una obra de tal magnitud pueda reanudarse de inmediato sin un nuevo proceso administrativo, técnico y financiero. La experiencia en el país demuestra que cada cambio contractual suele significar retrasos prolongados, arbitrajes o incluso paralizaciones que terminan extendiéndose durante años.
En ese escenario, la mayor preocupación recae en la población que vive en las zonas cercanas a estos ríos. Son ellos quienes cada temporada de lluvias observan con incertidumbre el comportamiento de los caudales, mientras las obras que deberían protegerlos siguen atrapadas en trámites administrativos, disputas contractuales o decisiones tardías.
El país necesita obras de prevención ejecutadas con seriedad, transparencia y planificación. Resolver contratos puede ser necesario cuando se detectan irregularidades, pero también exige una estrategia clara para evitar que la solución administrativa termine convirtiéndose en un nuevo problema para la seguridad de la población.
En el caso de las defensas ribereñas de Lacramarca, Casma y Huarmey, la ANIN tiene ahora el desafío de demostrar que su decisión no se traducirá en más retrasos. La ciudadanía espera explicaciones concretas, pero sobre todo resultados. Porque cuando se trata de prevenir desastres, el tiempo perdido siempre termina costando demasiado.