Por: Dr.(c) Miguel Koo Vargas
Hay escenas que resumen mejor que cualquier informe el estado de una institución. En el Perú del 2026, una de ellas sigue repitiéndose frente a los locales del RENIEC. Largas filas desde la madrugada, ciudadanos esperando horas para realizar trámites básicos y padres de familia con bebés en brazos padeciendo bajo el sol. La escena es tan común que muchos ya la consideran parte del paisaje, pero no debería serlo.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es, en teoría, una de las instituciones más importantes del Estado. De su funcionamiento depende algo elemental para la vida moderna, la identidad legal de los ciudadanos. Sin DNI no se puede votar, abrir una cuenta bancaria, acceder a programas sociales ni realizar una larga lista de trámites administrativos.
Y, sin embargo, en pleno 2026, el acceso a ese documento todavía obliga a miles de personas a perder horas, a veces días, en colas que parecen sacadas de otra época.
Durante años el sistema de atención del RENIEC ha crecido más lento que la demanda ciudadana. El aumento poblacional, la renovación constante de documentos y la ampliación de servicios digitales han incrementado el volumen de trámites, pero la capacidad de respuesta institucional no ha evolucionado al mismo ritmo.
La consecuencia es visible en oficinas saturadas, sistemas de citas que colapsan y ciudadanos que terminan recurriendo a la presencialidad porque la virtualidad simplemente no funciona.
Paradójicamente, el Perú fue uno de los países latinoamericanos que más avanzó en sistemas de identificación biométrica y bases de datos civiles, aunque esa fortaleza tecnológica no se ha traducido en una experiencia ciudadana eficiente.
En la práctica, lo que vemos es un sistema administrativo que todavía opera con lógicas del siglo pasado. Todo esto son indicadores de cómo el Estado se relaciona con el ciudadano. Cuando el acceso a un derecho básico como la identidad se vuelve burocráticamente complejo, el mensaje que se transmite es claro: El sistema está diseñado pensando más en su propia estructura que en las personas que lo usan.
La tecnología para hacerlo existe. La experiencia internacional también. Muchos países ya han migrado hacia sistemas de identidad digital interoperables que permiten realizar la mayoría de las gestiones sin acudir físicamente a una oficina. Lo que no existe, al parecer, es la voluntad institucional para hacer que el sistema funcione con la eficiencia que la ciudadanía merece.
Un Estado que presume modernización, digitalización y competitividad no puede seguir aceptando como normal una burocracia deficiente que termina castigando a los ciudadanos.