Por firmar acusación sin facultades:
La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por funcionarios públicos anuló la decisión que archivaba la investigación contra el fiscal adjunto Jorge Luis Ricser Flores, al determinar que el caso fue cerrado sin una investigación adecuada y con una motivación claramente insuficiente.
El expediente se originó por un proceso penal relacionado con la gestión del fallecido alcalde provincial del Santa, Luis Gamarra Alor, en el que también se investigó a dos exfuncionarios municipales por el presunto delito de nombramiento y aceptación ilegal del cargo, el año 2023.
Según la resolución suprema, Jorge Ricser suscribió actos procesales de enorme trascendencia, entre ellos una disposición fiscal y un requerimiento de acusación directa ante el Poder Judicial, decisiones que corresponden al fiscal titular del despacho.
La investigación nunca verificó si el fiscal adjunto contaba con delegación o autorización legal para emitir dichos actos, ni se realizaron diligencias para determinar quién tenía la competencia funcional.
Se omitió recabar declaraciones de los fiscales involucrados, lo que evidencia una actuación investigativa incompleta y deficiente.
Ricser Flores, en su descargo quedó en evidencia al afirmar “he actuado en la creencia que a mí me correspondía porque soy el fiscal más antiguo y además me he desempeñado como provincial durante cinco años”.
Ante las graves omisiones, la Fiscalía Suprema concluyó que la decisión de archivo carecía de sustento suficiente y vulneraba el deber de exhaustividad que debe regir toda investigación fiscal, volviendo el mencionado fiscal a quedar bajo escrutinio, y obliga a reexaminar actuaciones que habían quedado inexplicablemente fuera de revisión.
El año 2024, Jorge Ricser fue denunciado por usurpación de funciones y reemplazado en las audiencias de control de acusación en el caso de nombramiento indebido.
De encontrarse culpable, Ricser Flores podría enfrentar una pena de entre 4 y 7 años de cárcel, además de ser inhabilitado de su cargo, ya que no es la primera vez que el fiscal investigado está envuelto en controversias.
En abril de 2017, se presentó en estado de ebriedad durante una audiencia sobre un caso de homicidio, por lo que el juez Jorge Chávez, que presidía la sesión, lo expulsó de la sala.