El proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para Chimbote y Nuevo Chimbote es, sin duda, una de las obras de saneamiento más importantes para el desarrollo y la salud pública de ambas ciudades. Sin embargo, una reciente advertencia de la Contraloría General de la República vuelve a poner sobre la mesa un problema recurrente en la ejecución de proyectos públicos: la falta de previsión en el saneamiento físico legal de los terrenos donde se ejecutarán las obras.
Según el informe del órgano de control, el terreno destinado para la cámara de bombeo de desagüe Atahualpa aún no cuenta con la libre disponibilidad ni con el saneamiento físico legal correspondiente. Este detalle, que para muchos podría parecer un trámite administrativo más, en la práctica representa un serio riesgo para el cumplimiento del cronograma del proyecto y para la ejecución de las siguientes etapas del estudio y la futura obra.
Lo preocupante es que han pasado 255 días desde el inicio de la consultoría, en mayo de 2024, y todavía no se ha logrado resolver la situación del terreno. Esto evidencia que, una vez más, los proyectos públicos avanzan sin tener completamente aseguradas las condiciones básicas para su ejecución. Este tipo de situaciones termina generando retrasos, mayores costos y, en algunos casos, conflictos sociales o legales que pueden paralizar obras durante años.
En este caso particular, el terreno forma parte de un predio inscrito a nombre del Proyecto Especial Chinecas, aunque en la práctica se encuentra bajo el dominio de la Asociación Agropecuaria Los Amautas. Si bien existe una disposición de ceder el área requerida, esta aún no ha sido formalizada, lo que implica que el proceso depende de trámites administrativos y decisiones del Consejo Directivo de Chinecas.
La experiencia en obras públicas demuestra que cuando el saneamiento de terrenos no se resuelve oportunamente, los proyectos terminan estancándose o sufriendo retrasos significativos. Por ello, es fundamental que las entidades responsables, en este caso el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) y las instituciones involucradas, actúen con rapidez para destrabar el proceso administrativo y garantizar la disponibilidad del terreno.
La construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) es clave para mejorar la calidad ambiental y sanitaria de Chimbote y Nuevo Chimbote. No solo permitirá tratar adecuadamente las aguas residuales, sino también contribuirá a la recuperación de espacios naturales y a mejorar la calidad de vida de más de medio millón de habitantes.
Por ello, más allá de las advertencias de la Contraloría, lo que corresponde ahora es tomar decisiones oportunas y evitar que este proyecto estratégico termine sumándose a la larga lista de obras retrasadas en el país. La planificación y la coordinación entre instituciones deben ser la prioridad si realmente se quiere garantizar que esta infraestructura llegue a concretarse en beneficio de la población.