Lo que viene ocurriendo con la adjudicación del Colegio Inmaculada de la Merced y la paralización del Colegio Politécnico Nacional del Santa no son hechos aislados. Son, en realidad, la evidencia más clara de un problema estructural: la incapacidad o la indiferencia del Estado para garantizar procesos de contratación transparentes y ejecución eficiente de obras públicas en Áncash.
Resulta, por decir lo menos, alarmante que una empresa con sanciones vigentes y antecedentes cuestionables, como Constructora Guerrero EIRL, forme parte del consorcio que ha ganado la Buena Pro para una obra educativa de más de 83 millones de soles. No se trata únicamente de un tema legal de vacíos o interpretaciones normativas sino de criterio. ¿Cómo es posible que una empresa inhabilitada, con antecedentes de documentación falsa y obras con problemas, llegue siquiera a la etapa final de un proceso de selección?
Aquí es donde el rol del Comité de Selección y de la Sub Región El Pacífico queda seriamente comprometido. No basta con cumplir formalidades administrativas; la responsabilidad pública exige evaluar la idoneidad real de los postores. Ignorar antecedentes tan graves no es un descuido menor: es una omisión que pone en riesgo recursos públicos y, peor aún, el futuro de cientos de estudiantes.
Pero si este caso genera preocupación, lo ocurrido con el Politécnico del Santa es indignante. Una obra abandonada tras 14 meses, sin avances significativos y ahora con el contrato resuelto entre acusaciones cruzadas, refleja el fracaso total de la gestión del proyecto. Aquí no hay interpretaciones legales que valgan: hay una obra inconclusa, millones comprometidos y una comunidad educativa perjudicada.
Las explicaciones de ambas partes la entidad y el contratista evidencian algo aún más grave: la falta de planificación y supervisión. Que una obra de esta magnitud haya avanzado sin licencia de construcción durante tanto tiempo no solo es una negligencia administrativa, sino una señal de desorden institucional. ¿Dónde estuvieron los supervisores? ¿Qué papel cumplió la Contraloría, que además percibe recursos del propio proyecto?
Este tipo de situaciones no solo retrasa el desarrollo, sino que erosiona la confianza ciudadana. Los padres de familia, docentes y estudiantes no protestan por capricho; lo hacen porque sienten que el Estado les ha fallado. Y tienen razón.
Lo más preocupante es que ambos casos están conectados por un mismo patrón: procesos de contratación deficientes, falta de control efectivo y ausencia de sanciones oportunas. Si no se corrigen estos problemas de fondo, el resultado seguirá siendo el mismo: obras paralizadas, arbitrajes interminables y empresas que, pese a sus antecedentes, continúan contratando con el Estado.
De la misma manera también es cierto que la ley de contrataciones del estado es ambigua y con enormes vacíos que precisamente permiten estos hechos. Hace un par de semanas publicamos los hechos sucedidos en el proceso de licitación de la carretera Cambio Puente – 14 Incas. Una empresa cambio al responsable legal y accionista porque estaba sancionada y ellos fueron los ganadores. No sucedió nada porque la ley lo permite. Solo esperamos que la realidad no indique lo contrario.