Desde este espacio hemos informado de manera constante y responsable sobre la crítica situación que atraviesa la Universidad San Pedro, una institución que alguna vez representó una alternativa de formación profesional en Chimbote, pero que hoy se encuentra sumida en una profunda crisis institucional, administrativa y legal.
No se trata de una percepción aislada ni de una postura antojadiza. Los hechos hablan por sí solos. En reiteradas oportunidades, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) ha observado y rechazado hasta en cuatro ocasiones la inscripción de quien se presenta como rector, Javier Ulloa Siccha. Este dato no es menor: implica que no cuenta con representatividad jurídica válida. Es decir, carece de reconocimiento legal para ejercer el cargo que ostenta. A pesar de ello, continúa al frente de la universidad, tomando decisiones que lejos de encaminar una solución, profundizan el deterioro de la institución.
La gravedad del asunto se incrementa cuando se analizan las denuncias formuladas por diversos actores, entre ellos Faustino Villanueva, quien ha expuesto públicamente presuntos malos manejos dentro de la universidad. Estas acusaciones no han sido desmentidas de manera contundente, sino que, por el contrario, han sido rodeadas de un preocupante silencio institucional.
Más alarmante aún es el accionar del Ministerio Público en este caso. Según se ha dado a conocer, un fiscal de primera instancia decidió archivar las denuncias, pese a la existencia de documentos, antecedentes y evidencias que ameritaban, por lo menos, una investigación más exhaustiva. Este hecho ha generado una comprensible indignación en la ciudadanía, que percibe una posible manipulación del proceso en favor de los investigados.
Sin embargo, la reciente intervención de la Fiscalía Superior, que ha declarado la nulidad de dicho archivo, abre una luz de esperanza. Esta decisión no solo corrige un procedimiento cuestionado, sino que también reafirma la importancia de una justicia independiente, objetiva y comprometida con la verdad. No se puede permitir que casos de interés público queden enterrados por decisiones apresuradas o, peor aún, direccionadas.
La Universidad San Pedro no puede seguir siendo rehén de disputas internas, intereses particulares o vacíos legales. Está en juego el futuro de cientos de estudiantes, la estabilidad de docentes y trabajadores, y la credibilidad de una institución que forma profesionales.
Por eso ahora se espera que se emita el decreto supremo que oficialice el reglamento de la ley que es el salvataje de las universidades asociativas con licencia denegada. Aquí se espera esa norma que según el congresista Zeballos debe estar lista para su emisión en la quincena de abril.
En ese camino nos encontramos pero debemos tener en cuenta que estas denuncias como las que ha realizado Faustino Villanueva en algún momento llegaran su punto principal para que aquellos que han cometido las irregularidades que aquí hemos informado sean sancionados de acuerdo a nuestras leyes vigentes.
No más mentiras por parte de Javier Ulloa Siccha que cada vez que puede asegura que su elección fue legal, lo que sin duda es mentira. Su elección no fue legal porque se trastocó los estatutos de la universidad a solo por sus intereses personales.