- Veinte funcionarios de Instituto Carlos Salazar Romero serán denunciados penalmente por procuraduría.
- Informe de contraloría es letal y señal que el alquiler de locales no tiene control alguno y se pierde dinero.
La Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, debe iniciar las acciones legales contra 20 funcionarios y servidores Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Carlos Salazar Romero que están comprendidos en los hechos que describen las cuatro observaciones que ha establecido la Contraloría General de la República, en el informe control posterior 022-2025-2-0706.
Los funcionarios aprobaron proyectos y cursos que incluyeron bonificaciones y pagos adicionales a favor de docentes y personal administrativo, al margen de la normativa presupuestal y de las disposiciones del Minedu sobre el uso de recursos propios. Asimismo, realizaron contrataciones directas de docentes para cursos de extensión, generando perjuicio económico por S/276 805,91, afectando el adecuado funcionamiento de la administración pública e inobservando el cumplimiento de la normativa vigente.
Según el informe de control los servidores depositaron de manera parcial los recursos propios recaudados por concepto de alquiler de espacios y cursos de extensión, correspondientes a los periodos 2023 y primer trimestre de 2025, ocasionando perjuicio económico a la entidad por S/250 819,85.
Así mismo, durante los años 2023 y 2024, servidores del IESTP “Carlos Salazar Romero” simularon la ejecución de procesos de contratación bajo la modalidad de comparación de precios, adjudicando la buena pro a empresas impedidas de contratar con el Estado y que no cumplían con las especificaciones técnicas. No aplicaron penalidades a proveedor por S/11 936,50, ocasionando perjuicio económico, afectando el correcto funcionamiento de la administración pública e inobservando los principios que rigen las contrataciones del Estado.
Además, contrataron bienes y servicios de manera directa y fraccionada, incumpliendo la normativa de contrataciones del Estado y la directiva interna de la entidad; asimismo, omitieron aplicar penalidades a proveedor por el monto de S/3 209,60, limitando que la entidad pueda contratar en condiciones más favorables de precio y calidad, ocasionando perjuicio económico, afectando el correcto funcionamiento de la administración pública e inobservando los principios que rigen la contratación pública.
Los 20 servidores del instituto Carlos Salazar Romero que deben denunciados penalmente por la Procuraduría especializada en delitos de corrupción son Azucena Elizabeth Avalos Pulido; Isabel Cristina Arroyo Cachique; Julio Angeles Paucar ; Reynerio Ernesto Calderon Yarleque ; José Guillermo Saldaña Tirado y Edwin Gustavo Alegre Díaz.
Además Jhony Wilson Morales Castro; Víctor Hugo Tapia Jacinto; María Magdalena Cumbicos Oblea ; Jorge Luis Arroyo Tirado ; William Antonio Gonzales Vera; Pedro Luis Pantigoso Loza ; César Edy Haro García y Freddy Hermenegildo Taboada.
También están incluidos Pedro Narciso Martínez Chávez ; Jorge Luis González Antón; Diego Armando Gonzales Muñoz ; Nadir Mirtha Villanueva Melgarejo; Jovita Cachique Marina ; Benigno Enrique Miñano Calderón.