Lo sucedido en el distrito de San Marcos, en la provincia de Huari, debe encender las alarmas no solo en Áncash, sino en todo el país. La advertencia del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) sobre interferencias durante las verificaciones domiciliarias revela un problema serio que amenaza la transparencia del proceso electoral en su etapa más sensible: la construcción del padrón.
San Marcos no es un distrito cualquiera. Su condición de zona con alta transferencia por canon minero lo convierte en un espacio donde el poder político adquiere un valor estratégico. En ese escenario, cualquier intento de alterar o influir en el registro de ciudadanos no puede ser interpretado como un hecho aislado o casual. Por el contrario, debe analizarse como un posible intento de incidir en los resultados de las próximas elecciones regionales y municipales.
La presencia de terceros que se autodenominan “veedores”, la toma de fotografías de actas oficiales y la difusión de contenidos en redes sociales generan un clima de desconfianza que debilita el trabajo técnico del Reniec. Más aún, el hostigamiento a los verificadores y la pretensión de imponer padrones paralelos sin sustento legal constituyen hechos graves que atentan contra el orden institucional.
El Reniec ha sido enfático al señalar que la verificación domiciliaria es una competencia exclusiva de la entidad y que utiliza únicamente el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN) para la elaboración del padrón electoral. Cualquier intento de introducir fuentes alternativas no solo carece de validez, sino que podría configurar una práctica irregular que debe ser investigada.
En este contexto, resulta preocupante que autoridades locales o actores políticos pretendan intervenir en un proceso que debe mantenerse al margen de presiones externas. La democracia exige reglas claras y respeto por las instituciones. Cuando estas se vulneran, el sistema entero se debilita.
Por ello, es imprescindible que el Ministerio Público actúe con celeridad. No se trata únicamente de esclarecer lo ocurrido, sino de enviar un mensaje claro de que este tipo de conductas no será tolerado. La investigación debe identificar responsables y, de ser el caso, aplicar las sanciones correspondientes.
Asimismo, es necesario que se garantice la seguridad del personal técnico desplegado en campo. Los verificadores cumplen una labor fundamental para asegurar que cada ciudadano vote en el lugar que le corresponde. Sin esa base, cualquier elección pierde legitimidad.
La situación en San Marcos debe ser vista como una advertencia temprana. Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo y reforzar los mecanismos de control y vigilancia institucional. Ignorar estos hechos sería un error que podría costar caro en términos de gobernabilidad y confianza ciudadana.
Áncash ya ha vivido episodios de conflictividad vinculados a la gestión de recursos y al control político. No se puede permitir que ahora se ponga en riesgo la limpieza del proceso electoral. Defender el padrón es, en esencia, defender la democracia.