LA MIRADA JURÍDICA
Por: Mag. Anshella Díaz Macedo
En el Perú aún se insiste en abordar el crimen organizado como si fuera un problema exclusivamente policial. Se le reduce a una cuestión de delincuencia, inseguridad ciudadana o violencia urbana. Sin embargo, esa mirada no solo es limitada, sino peligrosamente desfasada.
El crimen organizado ha dejado de ser solo delito. Hoy es poder. No estamos frente a simples estructuras que operan al margen de la ley, sino ante organizaciones que han aprendido a convivir con el sistema, a infiltrarlo y, en muchos casos, a instrumentalizarlo. Cuando una red criminal logra influir en decisiones públicas, penetrar instituciones o controlar sectores económicos, deja de ser un actor ilegal para convertirse en un factor de poder real. Y ese es el punto que como sociedad aún no terminamos de dimensionar.
El Perú, por su ubicación estratégica, sus debilidades institucionales y una economía con altos niveles de informalidad, se ha convertido en un espacio funcional para estas redes. Ya no se trata únicamente de narcotráfico o trata de personas. Hoy hablamos de estructuras que gestionan economías ilícitas, lavan activos a gran escala, financian actividades políticas y distorsionan el funcionamiento de mercados enteros.
El problema no es solo su existencia. Es su consolidación. Y esto resulta especialmente evidente en el actual contexto electoral. En los recientes debates presidenciales, el crimen organizado ha sido mencionado de manera reiterada como uno de los principales problemas del país. Sin embargo, más allá de su enunciación, lo que preocupa es la ausencia de propuestas concretas, articuladas y técnicamente viables para enfrentarlo.
Se habla del problema, pero no de su solución. No se escucha con claridad cómo se fortalecerá la inteligencia estratégica, cómo se enfrentará el lavado de activos, cómo se protegerán las instituciones de la infiltración criminal o cómo se articulará una respuesta interagencial real. El discurso se queda en lo declarativo, mientras el fenómeno avanza en lo estructural.
Y mientras el debate se queda en lo discursivo, las cifras evidencian la magnitud real del problema. El propio presidente del Banco Central de Reserva del Perú ha sido claro: la inseguridad no solo afecta la tranquilidad de las personas, sino que tiene un impacto directo en la economía nacional. En el 2024, su costo ya representaba aproximadamente el 2.2% del Producto Bruto Interno; y en el 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas estimó que este impacto alcanzó alrededor del 1.7% del PBI, equivalente a S/ 19.8 mil millones.
Pero incluso frente a estos datos, la advertencia más contundente no es económica, sino humana: “Prefiero tener medio punto menos de crecimiento, pero que a la gente no la maten”. Esa afirmación no solo refleja la gravedad del fenómeno, sino también la prioridad que el Estado debería asumir.
Y ahí radica una de las mayores debilidades del debate público: reconocer el problema no es lo mismo que comprenderlo.
Mientras el Estado responde de manera fragmentada desde lo policial, lo judicial o lo administrativo, estas organizaciones operan con lógica empresarial, visión estratégica y alta capacidad de adaptación. Se articulan, se diversifican y se expanden. En muchos casos, avanzan más rápido que las instituciones encargadas de contenerlas.
Esto obliga a replantear una idea central: el crimen organizado ya no puede ser tratado como un fenómeno exclusivamente penal. Estamos frente a una amenaza estructural.
Cuando el dinero ilícito ingresa a la economía formal, distorsiona la competencia y debilita la transparencia. Cuando financia la política, compromete la legitimidad de la representación. Cuando penetra el aparato estatal, erosiona la confianza ciudadana. Y cuando estos tres factores se combinan, lo que se pone en riesgo no es solo el orden interno, sino la estabilidad misma del Estado.
El mayor peligro no es su presencia visible, sino su normalización silenciosa. Se normaliza cuando se tolera la informalidad sin control. Cuando se relativizan conductas que facilitan el lavado de activos. Cuando se banaliza la corrupción o se asume como parte inevitable del sistema. Esa tolerancia progresiva es, en realidad, el terreno más fértil para que estas estructuras se consoliden.
Frente a ello, la respuesta no puede seguir siendo reactiva ni dispersa. Se requiere una mirada integral que articule inteligencia estratégica, control financiero efectivo, fortalecimiento institucional y decisión política real. Pero, sobre todo, se necesita asumir con claridad que el problema no es solo de seguridad, sino de gobernabilidad.
Porque mientras sigamos enfrentando delincuencia, cuando en realidad enfrentamos estructuras de poder, el Estado seguirá un paso atrás. Y en ese desfase, lo que está en juego no es únicamente la seguridad, es la capacidad del país para sostener sus propias reglas.
Y en tiempos donde se nos pide elegir el rumbo del país, el verdadero desafío no es solo identificar el problema, sino exigir la capacidad real de enfrentarlo. Porque un Estado que no entiende la naturaleza de sus amenazas, difícilmente podrá defenderse de ellas.
La seguridad no se promete, se construye. Y esa construcción exige algo más que discursos: exige criterio, decisión y responsabilidad.
Pero, sobre todo, exige ciudadanos capaces de reconocer cuándo un problema está siendo nombrado… y cuándo realmente está siendo entendido.
Porque al final, no solo elegimos autoridades. Elegimos también el nivel de exigencia con el que queremos ser gobernados.
Y en un país donde el crimen ya no solo delinque, sino que incide, infiltra y decide, la verdadera pregunta no es quién ofrece más, sino quién realmente está preparado para enfrentar lo que otros apenas logran describir.