La repentina muerte del candidato Gilbert Infante ha puesto en evidencia un problema cada vez más frecuente en la política peruana: la irresponsabilidad al momento de informar. En cuestión de horas, el país pasó de la indignación por un supuesto asesinato a la confirmación oficial de que se trató de un infarto, según la Policía Nacional del Perú. El contraste no solo sorprende, sino que preocupa.
En un primer momento, el líder de Fe en el Perú, Álvaro Paz de la Barra, afirmó públicamente que Infante había sido víctima de un ataque violento. Sus declaraciones no fueron prudentes ni condicionadas a una investigación en curso; por el contrario, describieron un escenario de extrema violencia que rápidamente se propagó en redes sociales y medios de comunicación. El efecto fue inmediato: temor ciudadano, indignación colectiva y una narrativa de inseguridad que parecía confirmarse con este caso.
Sin embargo, la evidencia científica terminó imponiéndose. La necropsia determinó que la causa del fallecimiento fue un infarto al miocardio, descartando cualquier intervención criminal. Las imágenes de cámaras de seguridad, además, mostraron a Infante solo en el momento del colapso. Es decir, la versión inicial no solo fue apresurada, sino completamente equivocada.
Este episodio deja varias reflexiones. La primera es la necesidad urgente de responsabilidad en el discurso político. No se puede jugar con la sensibilidad de la población ni con el dolor de una familia para posicionar una narrativa sin pruebas. En un contexto donde la inseguridad es una de las principales preocupaciones del país, lanzar acusaciones de asesinato sin sustento solo contribuye a profundizar el miedo y la desconfianza.
La segunda reflexión apunta al papel de las instituciones. La actuación de la Policía Nacional del Perú ha sido clave para esclarecer los hechos y frenar una ola de desinformación. Este tipo de intervenciones refuerzan la importancia de esperar resultados oficiales antes de emitir juicios concluyentes.
Finalmente, este caso también interpela a la ciudadanía y a los medios. La rapidez con la que se difundió la versión del asesinato evidencia una sociedad cada vez más propensa a creer y compartir información no verificada. En tiempos de inmediatez, la verdad suele ir un paso atrás.
Lo ocurrido con Gilbert Infante no solo es una tragedia personal, sino también un llamado de atención. La política debe ser un espacio de responsabilidad y respeto por la verdad. Porque cuando la información se distorsiona, el daño trasciende los hechos y termina afectando la confianza de toda una sociedad.