El Perú enfrenta hoy una amenaza silenciosa pero profundamente peligrosa: el deterioro de sus finanzas públicas a causa de decisiones legislativas que priorizan el corto plazo sobre la sostenibilidad económica. Las recientes leyes aprobadas por el Congreso, que implican un gasto adicional superior a los 11 mil millones de soles anuales, no solo tensionan el presupuesto nacional, sino que comprometen el futuro fiscal del país.
Diversos especialistas, recogidos en un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE), han sido contundentes: el 95% considera que el Poder Ejecutivo debe observar estas normas e incluso recurrir a acciones de inconstitucionalidad cuando corresponda. No se trata de una discrepancia política, sino de una alerta técnica frente a decisiones que podrían debilitar la estabilidad macroeconómica que el Perú ha construido durante décadas.
El problema de fondo radica en la naturaleza de estas leyes. Muchas de ellas incrementan el llamado gasto rígido como pensiones, planillas o beneficios laborales que no puede reducirse fácilmente en momentos de crisis. Actualmente, este tipo de gasto ya representa más del 60% del presupuesto público. Añadir nuevas obligaciones permanentes sin una fuente clara de financiamiento es, en términos simples, una receta para el desequilibrio fiscal.
La historia reciente ofrece lecciones claras. Países que cedieron ante presiones populistas y expandieron su gasto sin respaldo terminaron enfrentando crisis fiscales, inflación descontrolada y pérdida de confianza de inversionistas. El Perú, que durante años fue reconocido por su disciplina fiscal, corre el riesgo de transitar por ese mismo camino si no se corrige el rumbo.
A ello se suma un elemento preocupante: la aparente desconexión entre el Congreso y la responsabilidad fiscal. Las normas aprobadas no solo incrementan el gasto, sino que lo hacen sin evaluar adecuadamente su impacto en el mediano y largo plazo. Esta práctica erosiona la institucionalidad y debilita los contrapesos que deberían garantizar un manejo responsable de los recursos públicos.
El Ejecutivo, en este contexto, no puede mantenerse pasivo. Su rol no es solo administrar, sino también salvaguardar la estabilidad económica. Observar las leyes y, de ser necesario, acudir al Tribunal Constitucional no debe interpretarse como una confrontación política, sino como una defensa del interés nacional.
El impacto de estos más de 11 mil millones de soles adicionales no es abstracto. Se traduce en menos capacidad para invertir en infraestructura, salud o educación en el futuro. Cada sol comprometido hoy sin sustento es un sol que mañana no estará disponible para cerrar brechas sociales.
Además, el contexto actual agrava el escenario. El país enfrenta desafíos como la inseguridad, la desaceleración económica y presiones externas en los precios de los combustibles. En este panorama, debilitar las finanzas públicas es un riesgo innecesario.
La responsabilidad fiscal no es una opción ideológica, sino una condición indispensable para el desarrollo. Ignorarla puede ofrecer réditos políticos inmediatos, pero sus consecuencias las pagará toda la ciudadanía.
El Perú necesita decisiones responsables, no medidas populistas. El Congreso debe asumir el costo político de legislar con visión de futuro, y el Ejecutivo tiene la obligación de actuar con firmeza. Porque cuando se compromete la estabilidad fiscal, no solo se afectan las cuentas del Estado, sino el bienestar de millones de peruanos.