El dato es contundente y preocupante: catorce municipalidades distritales de Áncash no han ejecutado ni un solo sol de su presupuesto de inversión pública en los primeros 90 días del 2026, según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas. Más que una cifra, es el reflejo de una falla estructural en la gestión pública local que, de no corregirse de inmediato, condena a miles de ciudadanos a seguir esperando obras básicas mientras los recursos incluido el canon minero permanecen inmovilizados.
La pregunta ya no es solo qué está mal, sino qué hacer para revertir esta situación. Porque la ineficiencia no puede seguir siendo una constante ni una excusa.
El primer paso es reconocer que muchos de estos municipios carecen de capacidad técnica. No cuentan con equipos especializados para formular expedientes, destrabar proyectos o cumplir con los procedimientos del sistema de inversión pública. Ante ello, el Gobierno Regional y el propio Ejecutivo deben implementar equipos itinerantes de asistencia técnica que intervengan directamente en estas comunas. No basta con capacitaciones generales; se requiere acompañamiento en campo, con metas concretas y plazos definidos.
En segundo lugar, es indispensable simplificar procesos sin sacrificar la transparencia. La burocracia excesiva, sumada a la falta de experiencia, suele paralizar la ejecución. El Ministerio de Economía y Finanzas y los organismos rectores deben habilitar mecanismos excepcionales para distritos con baja ejecución, priorizando proyectos de rápida implementación, como mantenimiento de vías, servicios básicos y equipamiento.
Un tercer eje clave es la responsabilidad política. Los alcaldes no pueden escudarse únicamente en factores externos. Si a estas alturas del año no han ejecutado nada, corresponde activar medidas correctivas inmediatas: cambios en los equipos técnicos, revisión del portafolio de proyectos y establecimiento de cronogramas públicos de ejecución. La gestión no puede seguir en piloto automático.
Asimismo, la Contraloría General de la República debe intensificar el control concurrente en estos municipios. No solo para detectar irregularidades, sino también para alertar oportunamente sobre trabas administrativas que puedan ser subsanadas antes de que el año fiscal avance sin resultados.
La transparencia y la presión ciudadana también juegan un rol determinante. La población debe conocer, exigir y fiscalizar. Publicar rankings de ejecución, realizar audiencias públicas y visibilizar a los municipios rezagados puede generar incentivos para que las autoridades reaccionen.
Finalmente, es momento de replantear el uso del canon minero. No se trata solo de recibir recursos, sino de tener la capacidad de convertirlos en desarrollo. Distritos que no logran ejecutar deberían evaluar mecanismos de gestión compartida o convenios con otras entidades que sí tengan capacidad operativa.
La inacción no puede seguir siendo tolerada. Cada día sin ejecutar presupuesto es una oportunidad perdida para cerrar brechas históricas. La eficiencia en la gestión pública no es opcional: es una obligación ética con la ciudadanía. Áncash no necesita más diagnósticos, necesita decisiones urgentes y resultados concretos.