Lo revelado por la Contraloría General de la República no es un hecho menor ni un simple error administrativo: es una señal preocupante de cómo la gestión pública puede desvirtuarse al punto de asignar recursos del Estado a lo inexistente. Que el Ministerio de la Producción (Produce) haya otorgado una cuota de pesca de anchoveta a una embarcación siniestrada desde el año 2006 expone fallas graves en los mecanismos de control, verificación y transparencia dentro de una de las actividades económicas más importantes del país.
La embarcación “Plebeyo”, declarada con pérdida total hace casi dos décadas, no solo carece de operatividad física, sino también de permiso de pesca vigente, requisito indispensable para acceder al Límite Máximo de Captura por Embarcación (LMCE). Sin embargo, aparece en un listado oficial aprobado en 2025, como si se tratara de una nave activa. Este hecho no puede interpretarse como un descuido aislado; más bien, sugiere una preocupante desconexión entre la realidad y los registros administrativos del Estado.
El problema va más allá de un trámite mal realizado. La asignación indebida de cuotas afecta directamente la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos, como la anchoveta, base de la industria pesquera peruana. Cada cuota otorgada sin sustento técnico o legal distorsiona el equilibrio del sistema, perjudicando a quienes sí cumplen las normas y debilitando la confianza en las instituciones encargadas de regular el sector.
Además, este caso pone en evidencia la fragilidad de los filtros internos en Produce. ¿Cómo es posible que una embarcación declarada siniestrada desde el 2006 siga figurando en procesos administrativos clave casi veinte años después? La respuesta no puede limitarse a la burocracia o la desactualización de datos. Aquí hay responsabilidades que deben ser determinadas con claridad, porque el Estado no puede permitirse operar con información obsoleta cuando está en juego la administración de recursos públicos y naturales.
El antecedente de procesos judiciales vinculados a la propiedad de la embarcación añade un elemento aún más delicado. Si bien la existencia de litigios no justifica la asignación de derechos sin sustento, sí obliga a las autoridades a actuar con mayor rigor y prudencia. Ignorar estos antecedentes o interpretarlos de manera laxa abre la puerta a decisiones que pueden ser cuestionadas no solo administrativamente, sino también éticamente.
Este episodio también revela una debilidad estructural: la falta de interoperabilidad efectiva entre las entidades del Estado. La información sobre el estado real de una embarcación su siniestro, su permiso de pesca, su situación legal debería estar claramente integrada y disponible para evitar decisiones erróneas. La ausencia de este cruce de datos facilita que situaciones absurdas, como asignar cuotas a una nave inexistente, se conviertan en realidad.
La Contraloría ha cumplido su rol al advertir esta irregularidad y recomendar la adopción de medidas correctivas. Pero el verdadero desafío empieza ahora. Produce debe revisar no solo este caso, sino todo el sistema de asignación de cuotas, depurar sus registros y establecer mecanismos de verificación más estrictos que impidan que hechos similares vuelvan a repetirse.
En un país donde la pesca representa miles de empleos y una parte significativa de la economía, la transparencia y la rigurosidad no son opcionales, son indispensables. Permitir que “embarcaciones fantasma” accedan a beneficios del Estado no solo socava la legalidad, sino que erosiona la confianza ciudadana.
La lección es clara: no se puede administrar lo que no existe. Y mucho menos, repartir recursos públicos como si la realidad fuera un mero trámite.