Por: Jhoan Gocht Guerrero
Abogado
En el Perú lo único permanente es la incertidumbre. Si nos detenemos a mirar el calendario de la última década, la cuenta marea: ocho presidentes en diez años. Lo que en cualquier otra democracia sería una tragedia institucional sin precedentes, aquí parece haberse convertido en el diario de cada lunes. Hemos normalizado ver desfilar bandas presidenciales como si fueran uniformes de temporada, y eso, más que una anécdota política, es un síntoma de algo que se nos rompió por dentro como sociedad.
¿Cómo llegamos a este punto de quiebre? No fue por falta de leyes nuestra Constitución y el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General siguen ahí, intentando dar orden, sino por un exceso de intereses particulares que han secuestrado la gestión pública. La política peruana dejó de ser, hace mucho, un espacio de servicio para convertirse en un tablero de ajedrez donde las piezas se mueven únicamente para sobrevivir al siguiente “destape”, a la siguiente vacancia o al siguiente “blindaje”. Hemos visto cómo la figura de la “incapacidad moral permanente” pasó de ser un recurso constitucional extremo a una herramienta de uso diario, vaciada de contenido jurídico y llenada de conveniencia política.
En ese fuego cruzado entre el Ejecutivo y el Legislativo, quienes terminamos quemados somos nosotros: el emprendedor de Gamarra que no sabe si mañana habrá paro, la madre de familia que ve cómo el precio del mercado sube mientras en el Congreso se discuten repartijas, y el joven que mira al aeropuerto como la única salida lógica. La inestabilidad no es un concepto abstracto de los analistas en televisión; es el bache que no se tapa, el hospital que se queda a medio construir porque cambiaron al ministro por cuarta vez en un año, y la inseguridad que gana terreno mientras las autoridades están ocupadas defendiendo su permanencia en el cargo.
Hoy, con las elecciones de abril de 2026 a la vuelta de la esquina, la sensación en la calle es una mezcla de cansancio y desconfianza profunda. Miramos la lista de candidatos una fragmentación atomizada de más de veinte partidos, muchos de ellos meros “vientres de alquiler” y la pregunta es inevitable: ¿El que elijamos hoy llegará a julio del 2031 o estaremos celebrando otra sucesión constitucional antes del tercer año?
Esta precariedad nos ha pasado una factura carísima. No solo en la economía, que resiste por puro empuje y “punche” de la gente, sino en nuestra fe institucional. Hemos naturalizado que un presidente no termine su mandato, y con ello, hemos dejado de exigir proyectos de largo plazo. Nos hemos vuelto expertos en sobrevivir al cortoplacismo, en apagar incendios diarios, mientras los problemas estructurales de fondo siguen ahí, intactos, esperando a alguien que no tenga las maletas listas antes de empezar a trabajar.
Estas elecciones no pueden ser un capítulo más del mismo guion desgastado. No se trata solo de marcar un símbolo en una cédula; se trata de entender que la política es la herramienta que decide nuestro futuro común. La reflexión que nos toca es dura pero necesaria: si queremos dejar de cambiar presidentes como quien cambia de camisa, tenemos que empezar por cambiar nuestro criterio de selección. La madurez de un país no se mide por cuántas leyes tiene, sino por la calidad de los representantes que elige para ejecutarlas.
No busquemos al que más grita, al que ofrece bonos imposibles o al que mejor baila en TikTok. Busquemos equipos reales, planes de gobierno que no sean un “copia y pega”, y sobre todo, busquemos a alguien que respete la majestad de la silla presidencial lo suficiente como para no usarla como escudo personal.
El Perú no es un país ingobernable; lo que es insostenible es seguir votando con el hígado o bajo la resignación del “menos malo”.
Que nuestra memoria de esta década de caos sea el motor para elegir, por fin, un destino donde la banda presidencial dure cinco años y la esperanza de los peruanos mucho más.