Más de 27 millones de peruanos acudieron ayer a las urnas en una de las jornadas electorales más complejas de los últimos años. No solo por la magnitud del padrón, sino también por la inusual participación de 35 candidatos a la presidencia, un escenario que reflejó tanto la diversidad democrática como la fragmentación política que atraviesa el país. En términos generales, el desarrollo del proceso fue ordenado, pacífico y con un alto sentido de responsabilidad cívica por parte de la ciudadanía. Sin embargo, no todo fue digno de celebración.
La participación masiva reafirma que, pese al desencanto con la clase política y la inestabilidad vivida en los últimos años, los peruanos siguen apostando por la vía democrática como mecanismo de cambio. Desde tempranas horas, largas colas se formaron en distintos puntos del país, evidenciando no solo la obligación de votar, sino también el compromiso de millones de ciudadanos con el futuro del Perú. Esa imagen, sin duda, es un mensaje poderoso en tiempos de incertidumbre.
No obstante, esta jornada también dejó un “lunar” que no puede pasar desapercibido. La falla en la distribución del material electoral en 15 locales de votación en Lima Metropolitana, que impidió que aproximadamente 63 mil ciudadanos ejercieran su derecho al voto, constituye un hecho grave. Más aún cuando proviene de la institución encargada de garantizar la organización y ejecución del proceso electoral.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales tiene la responsabilidad de asegurar que cada ciudadano habilitado pueda votar sin contratiempos. Lo ocurrido no solo representa una deficiencia logística, sino una vulneración directa de un derecho fundamental. En un contexto donde cada voto cuenta más aún con una oferta electoral tan fragmentada impedir la participación de miles de electores no es un error menor, sino una falta que debe ser investigada y sancionada.
Este incidente obliga a reflexionar sobre la capacidad del sistema electoral para responder a escenarios complejos. La presencia de 35 candidatos no era un factor desconocido; por el contrario, implicaba una planificación más rigurosa, mayor previsión y una ejecución impecable. Fallar en un aspecto tan básico como la entrega de material revela debilidades que deben corregirse con urgencia.
A pesar de ello, sería injusto desconocer el esfuerzo de los miembros de mesa, personal electoral y fuerzas del orden que, en su gran mayoría, cumplieron con su labor de manera eficiente. La democracia se sostiene también en ese trabajo silencioso que permite que millones de votos se emitan en condiciones de normalidad.
El reto ahora no termina con el cierre de las urnas. Se inicia una etapa igual de crucial: el respeto a los resultados, la transparencia en el conteo y la responsabilidad de los actores políticos. El país no puede permitirse más confrontaciones estériles ni crisis innecesarias. La voluntad popular debe ser el punto de partida para reconstruir la confianza en las instituciones.
La jornada de hoy deja una lección clara: la democracia peruana sigue viva, pero necesita ser fortalecida. Y eso pasa, necesariamente, por garantizar que ningún ciudadano vuelva a quedarse sin votar por errores que pudieron evitarse