El Juez del Sexto Juzgado anticorrupción de Investigación preparatoria, condenó la semana pasada a tres años y cuatro meses de pena suspendida al ex Jefe del Comité Provincial de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial del Santa, Juan Carlos Cam Bernuy, estableciendo una serie de normas de conducta así como el pago de una reparación civil y una multa bajo apercibimiento de hacerse efectiva la condena.
La decisión del juez Eudosio Escalante Arroyo incluye en la misma sentencia al servidor edil Juan Enrique Bojorquez Vera, quien fue el enlace entre el ex jefe de defensa civil y los empresarios que eran coaccionados a pagar una suma de dinero a cambio que les tramiten y entreguen el certificado de defensa civil que es indispensable para tramitar la licencia de funcionamiento de su establecimiento.
La sanción fue impuesta por el Juez luego que los sentenciados se acogieran a la Terminación Anticipada, un beneficio procesal que consiste en admitir las culpas de los delitos investigados y ser beneficiados con una mínima reducción de la penalidad.
Fue por ello que los sentenciados comunican su decisión al Fiscal y éste propone al juez la penalidad que se le debe imponer teniendo en cuenta los alcances del acuerdo al que ha llegado con el Ministerio Público, empero, en este caso no estamos ante cualquier delito y menos aún alguno que no tenga tanta trascendencia ante la sociedad, de tal suerte que la justicia se encarga de exigir el resarcimiento necesario a quienes han incurrido en este ilícito.
En el caso del ex jefe de Defensa Civil estamos ante un delito de corrupción, ante el aprovechamiento de un cargo público para exigir el pago de coimas a cambio de extender certificados de defensa civil sin necesidad que se haga una inspección y que se formulen exigencias en cuanto al establecimiento público.
Justamente, por la gravedad del delito y las trascendencia que tienen estos hechos ante el concierto colectivo, en una anterior oportunidad el Juez Jorge Chávez Tamariz rechazó el planteamiento de los investigados que llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público para que reconozcan el delito y los beneficien con una penalidad menor.
En esa oportunidad el Juez dijo que no se podía transar ante un delito de Cohecho pasivo que es el que se venía investigando, por ello es que rechazó la propuesta del Fiscal y el reconocimiento del delito de los investigados, empero, cuando se crean los Juzgados anticorrupción este caso es llevado al Juzgado que despacha el Dr. Eudosio Escalante Arroyo.
Precisamente, la presencia de este magistrado dio lugar a que cambie el criterio que se tenía respecto a los hechos que se investigan a los dos ex funcionarios de la comuna provincial y es que para el Juez Escalante Arroyo ya no se tipifican como delito de Cohecho pasivo en la medida que no ha mediado de por medio un ofrecimiento o una solicitud del pago de una coima, por el contrario el Juez considera que por la forma como se ha exigido el dinero estamos ante un delito de concusión, por ello emplazó al fiscal a modificar su acusación, como en efecto lo hizo.
Esto dio lugar a que, cuando el caso había llegado a control de acusación y se debería decidir en el curso de las siguientes audiencias si los dos ex funcionarios ediles eran sometidos a un juicio oral en el que se determine la responsabilidad y la pena a imponerse, la defensa técnica vuelva a plantear un pedido de terminación anticipada.
Es evidente que la defensa apelaba a un criterio más despejado en el nuevo juez de la causa y por el hecho mismo que éste cambió la tipificación, lo que dio lugar a que ya no existiera mayor debate al respecto y el magistrado admitiera el planteamiento de los investigados, consideró que ya no era pertinente seguir juzgando un delito que era admitido en todos sus extremos por los acusados, por lo tanto, solo cabía dictar una sentencia y merituar la pena a imponerse.
Y es que se tiene que tener en cuenta que el ex jefe de defensa civil y el empleado edil no fueron sorprendidos en una celada o mediante una denuncia de alguno de los afectados, por el contrario, este caso nace en los medios de comunicación, por intermedio de un audio en el cual se escucha a los funcionarios ediles concertando el pago de las coimas para concretar la entrega de los certificados de defensa civil.
El Ministerio Público recoge “de oficio” las denuncias periodísticas y las lleva a un proceso de investigación preliminar en el cual, si la memoria no nos traiciona, consigue recopilar las pruebas suficientes que permiten demostrar que se había cometido el delito y estaba demostrada la responsabilidad de los dos acusados.
Esto se concreta partiendo del hecho mismo que el ex titular de la oficina de defensa Civil no formula reparos al contenido del audio que permitió que estalle el escándalo en un escenario mediático, por el contrario reconoció su voz, se pudo identificar a los empresarios que fueron coaccionados a la entrega de una prebenda a cambio del certificado municipal y aquellos se sumaron a la formulación de los cargos.
Posteriormente, la Fiscalía cerraría el circulo de los medios probatorios a través de la prueba pericial fonética mediante la cual se hizo el cotejo de las voces que aparecen en el audio con las muestras proporcionadas por los investigados y el resultado fue el mismo, se confirmó que fueron los acusados los que aparecen transando la negociación.
Hay que tener en cuenta que el delito investigado es uno de suma gravedad, responde a la negociación delincuencial de un documento que es vital para establecer si un establecimiento nocturno cuenta con las condiciones de seguridad necesarias como para albergar a un cuantioso número de personas, de tal suerte que al ofrecerse al mejor postor el local podría convertirse en una trampa mortal, algo similar a lo que ocurriera en la Discoteca “Utopía” en lima, en donde murieron 29 jóvenes porque no se tomaron las precauciones y se autorizó el funcionamiento de un establecimiento que no tenía las condiciones de seguridad necesarias.
Por ello es que el ex Jefe de defensa Civil y el empleado de la Municipalidad Provincial del Santa han salido bien librados de esta causa penal, si bien han sido sentenciados por un delito de corrupción, han conseguido sortear la prisión como no lo han podido hacer otros que son investigados por hechos similares.