Cuando se promulgó y se puso en vigencia en nuevo Código Procesal Penal se hizo hincapié que el nuevo modelo garantizaba la celeridad y una justicia expeditiva que terminaría con la impunidad que promovían los juicios lentos y paquidérmicos de entonces que se prolongaban tres, cuatro y hasta cinco años en la vía penal.
Por lo menos, en el papel el nuevo molde permite advertir que en ciertos casos se pueden expedir fallos en cuestión de meses, inclusive, existen los juicios de flagrancia en los cuales solo se requiere de semanas para que se registre una sentencia en doble instancia.
Sin embargo, en la mayoría de procesos los trámites se vuelven tan dudosos como los que tramitaban con el viejo procedimiento penal pues el formalismo muchas lleva a tener postergar que audiencias, ampliar plazos y promover juicios que llevan años sin resolverse.
Y es que, lamentablemente, en el mecanismo probatorio no todo depende de los jueces y fiscales, existen muchas diligencias en las que se tiene que contar con informes, peritajes y análisis que se realizan en entidades externas, entonces es allí en donde comienzan las exageradas dilaciones que, al final de cuentas, solo promueven la impunidad.
Esto es lo que estamos viendo en el denominado caso de “los donantes” del ex gobernador Waldo Ríos Salcedo, el grupo de empresarios y presuntos filántropos que sacaron de sus bolsillos un millón de soles para que éste pueda cumplir con pagar el monto de la reparación civil que se le exigía para que se rehabilite de una antigua condena que se le impuso y que se necesitaba para poder levantar la inhabilitación que le impedía acceder al cargo de titular de región que había ganado en las urnas.
Esto ocurrió hace ya dos años atrás, cuando Waldo Ríos divagaba pretendiendo recaudar el dinero a través de teletones, rifas, gimkanas, etc., de pronto aparecieron estos empresarios que a través de un procedimiento poco transparente le extendieron una escritura pública de donación y de esta manera posibilitaron que aquel accediera a la Gobernación Regional en Junio del 2015, cargo en el cual permaneció hasta el 28 de setiembre del año pasado cuando es condenado a cinco años de cárcel efectiva.
Sin embargo, el gesto de los donantes no pasó por alto ante las autoridades en el entendido que es difícil que una persona se desprenda de tanto dinero a cambio de nada, más aun cuando entre ellos existían quienes no podía acreditar un patrimonio holgado como para regalar dinero y aquellos que estaban penalizados en el registro de deudores por arrastrar acreencias que no habían podido honrar.
Siendo esto así, era evidente que detrás de esta operación existía algo oscuro, el Ministerio Público esgrimió la tesis del lavado de dinero a través de una operación que requería una justificación legal previa, por ello es que inició una investigación que ha atravesado por serios incidentes y en la cual se ha avanzado poco o nada a nivel de la Fiscalía que ya tiene los plazos vencidos.
Justamente, este es el tema que agobia al Fiscal en este momento en la medida que la Sala Penal de Apelaciones debe resolver una impugnación que planteó contra la resolución del Juez Eudosio Escalante Arroyo quien se negó a autorizar una ampliación del plazo de investigación en ese entonces hasta el 12 de febrero, término que ya ha transcurrido y resultó inoficioso que se atienda a estas alturas.
Pero lo más preocupante es que mientras se espera el pronunciamiento del superior, que por angas o por mangas colocará al Ministerio Publico en situación de pesquisa agotada y, por lo tanto, en la obligación de pronunciarse con un requerimiento acusatorio o un pedido de sobreseimiento, el Fiscal acaba de reconocer que recién a estas alturas se está solicitando peritajes que resultan claves y fundamentales en la corroboración de los cargos que ha formulado el Ministerio Público y para el deslinde que todos queremos conocer respecto a quienes desembolsaron nada menos que un millón de soles a favor de un ex gobernador que resultó, seguramente, una decepción para todos ellos.
El Fiscal Laureano Añanca Chumbe ha reconocido la semana pasada que recién hace quince días se ha solicitado a la Policía criminalística de Lima que realice el peritaje contable y financiero a cada uno de los nueve donantes que están comprendidos en este proceso penal, lo que quiere decir que es difícil y quien sabe hasta imposible que se pueda contar con ese documento cuando se tenga que hacer un deslinde de responsabilidades.
El representante del Ministerio Publico precisó su responsabilidad en este tema señalando que las entidades bancarias y financieras demoraron demasiado en remitir la información que se les exigió después que se dispusiera el levantamiento del secreto bancario de los investigados, señalando por ejemplo que el Banco de Crédito remitió los documentos recién el pasado mes de diciembre.
Esto es preocupante en la medida que la información de una entidad financiera está a la mano, se encuentra registrada en un sistema informático en el que tan solo con un clic se puede tener a disposición de las autoridades, sin embargo, el Fiscal dice que los Bancos han demorado mas de un año en remitir esta información, lo que también deja una estela de dudas respecto al comportamiento de estas instituciones crediticias.
Sin embargo, es el Fiscal quien debe impulsar una investigación, cuenta con apremios legales suficientes como para apercibir a las entidades que se niegan a colaborar, incluso, debe impedir que apoyados en la demora se puedan haber realizado algunas modificaciones en la información financiera, pero todo indica que no ha existido este celo funcional que ya comienza a decepcionar a la ciudadanía.
No sabemos para que se establece un nuevo modelo procesal si la maquinaria de justicia adolece de los vicios de siempre, el caso de los donantes de Waldo Ríos está demostrando que esto es realmente cierto, se está recabando una prueba fundamental recién cuando los plazos se están agotando, si es que realmente ya no expiraron. De esta manera será difícil que se exijan resultados pues se dejan actuaciones tan decepcionantes como aquella que se perdió cuando uno de los donantes se mostró dispuesto a colaborar y finalmente nadie sabe que hizo el Fiscal para obtener esa valiosa información, sencillamente no la recibió. Una situación tan peculiar como la del peritaje extemporáneo.