ATAHUALPA
Aun cuando existe constitucionalmente el derecho al libre tránsito por el cual nadie puede restringir el acceso de la gente, por ejemplo, a una playa pública, también existe un derecho con rango constitucional como es la vida humana y su defensa como obligación del estado. Decimos esto a propósito de los últimos incidentes registrados anteayer domingo en la Playa Atahualpa, en donde nuevamente los salvavidas han debido expedirse y esforzarse para rescatar a un padre de familia, sus dos hijos menores y un cuarto menor de edad que se estaban ahogando. Pese a que por todos los medios se ha dicho y repetido que esa playa es sumamente peligrosa y se ha establecido una prohibición para que ingresen al mar debido al latente riesgo de muerte que existe, lamentablemente la gente no entiende y continúa acudiendo a este balneario y desafía a la muerte a cada momento. Obviamente, los Policías de salvataje no pueden dejar de concurrir porque a pesar que el ingreso está prohibido son conscientes que la gente sigue acudiendo y ellos tienen la obligación de estar pendiente ante un posible rescate. De allí que apelando al mandato constitucional de la defensa de la vida humana ya es momento que las autoridades cierren definitivamente los accesos a la playa de Atahualpa, todos sabemos que es un balneario hermoso para pasar el día pero hay que entender que sus aguas representan una trampa mortal y los alcaldes no se pueden quedar de brazos cruzados a la espera de una nueva muerte como ya han ocurrido varias en este mismo lugar. Los asesores legales de los alcaldes deben ponerse a trabajar, si es que existe la necesidad de expedir una norma o de plantear una acción legal que se haga, lo que se impone en este momento es que se cierre la playa para que la gente deje de acudir y se extinga el grave riesgo de muerte que allí existe, salvo mejor parecer.
DIRSE
Ayer debe haberse iniciado en Huaraz el juicio oral relacionado con la obra emblemática de la carretera Chacas-San Luis, en donde se encuentran acusados varios ex funcionarios del gobierno regional de Ancash de la gestión de César Álvarez Aguilar, que es quien encabeza la relación de acusados. Lo curioso de esto es que este caso se inicia cuando está en boga el escándalo de la empresa “Odebrecht”, cuyos altos funcionarios en Brasil y Estados Unidos han decidido dar a conocer las coimas que han pagado en diversos países de Latinoamérica, entre ellos en el Perú, y dentro de la relación de obras en la que han incurrido en corrupción se encuentra esta carretera San Luis Chacas. Sin embargo, revisando los despachos informativos remitidos por nuestros colegas de Huaraz hemos advertido que esta pesquisa no está relacionada con la escandalosa sobrevalorización de la obra, que alcanzó más de 500 millones de soles, así como tampoco están quienes negociaron esta obra como por ejemplo Dirse Valverde. Este caso está relacionado únicamente con el pago de un adelanto de 155 mil nuevos soles sin que exista motivo alguno que lo justifique, por ello es que están involucrados una serie de ex funcionarios de la gestión regional. El caso de la sobrevalorización corre en otro expediente y aquel puede solicitar la información que tiene la Fiscalía Ad Hoc del Dr. Hamilton Castro en Lima que maneja la información del escándalo “Lavajato” en Brasil. Allí se encuentra la coima de la carretera Chacas- San Luis y sería interesante que los Fiscales se pongan moscas para obtener esa colaboración pues allí se podrá conocer cómo se manejó esta obra que fue el germen de los crímenes políticos en Ancash. Ojo que esto es parte de la historia de Ancash y quienes vivimos en esta bendita tierra de promisión la conocemos al revés y al derecho.
CELADA
Hasta el cierre de esta columna se debatía también en Huaraz la apelación contra la resolución que dispuso la liberación del alcalde distrital de San Marcos, Félix Chávez, luego de haber sido detenido tras el cobro de una presunta coima. Este caso ha generado la reacción del Ministerio Publico cuyo coordinador anticorrupción, el fiscal Decano Jorge Temple, ha dispuesto que su mejor cuadro, el Fiscal Magde Longobardi, se encargue de sustentar los fundamentos que defienda una de las pruebas estelares de la fiscalía como es una celada. Quisiéramos realmente conocer las razones por las cuales el juez dejó sin efecto la detención del alcalde cuando aquel fue detenido en el marco de una celada, el burgomaestre alega que el dinero fue sembrado, empero, cuando existe una celada no hay posibilidad que se dramatice para perjudicar a un funcionario. Este es otro caso candente y estaremos a la expectativa por conocer cómo y en base a que fundamentos se resuelve.