Para que los traficantes de tierra no se salgan con la suya, ni tampoco se reían de la ley y el orden, las autoridades tienen que actuar no solamente de inmediato. Necesitan hacerlo con total decisión y energía, sin dar a los traficantes la menor señal de vacilación y debilidad. Para eso, las armas que emplea la legalidad tienen que ser más efectivas que las argucias de las que se vale la ilegalidad.
Como hemos dado a conocer en nuestras edición de ayer, desde las primeras horas de anteayer martes, personal de la gerencia de Desarrollo Urbano de la municipalidad provincial del Santa, con apoyo de la Policía Nacional y del Serenazgo, consiguió desalojar a un numeroso grupo de invasores que habían construido alrededor de 500 ranchos, en un terreno de aproximadamente 20 hectáreas, situadas en las proximidades del pueblo joven San Pedro.
La rápida y enérgica acción de las autoridades, permitió que el desalojo se realice sin mayores contratiempos ni incidentes, siendo ésta una clara advertencia a las mafias de traficantes que lucran en nombre de la necesidad de vivienda. Con energía, no hay invasiones.
Son estas mafias las que trafican con terrenos de propiedad del estado y explotan a las familias que tienen la mala suerte de caen en sus redes. Así como cobran por anticipado la adjudicación de cada lote de vivienda, así también, y bajo amenaza, exigen a las familias el pago de cuotas mensuales por trámites de titulación e instalación de agua, desagüe y electrificación. Durante más de diez años, eso han hecho con las familias de las 308 y 217 hectáreas de Nuevo Chimbote.
Pero en vista que la autoridad municipal y COFOPRI, han iniciado el proceso de titulación, sin costo alguno para las familias posesionarias, las mafias de traficantes ya no tienen ahora el mismo argumento para seguir lucrando en ese extenso lugar. Por eso, esta vez han puesto la mirada en los arenales del cerro San Pedro, donde ahora pretenden establecer su nuevo centro de operaciones.
Al amparo de esta modalidad, las mafias de traficantes han montado una verdadera organización delictiva, de la que ya nos hemos ocupado en reiteradas oportunidades. Además de cobrar por trámites que jamás realizan, son estas mafias las que venden el agua que sustraen de las tuberías de Sedachimbote y la energía eléctrica que captan en forma furtiva de las redes de Hidrandina. Un negocio redondo.
Este ilícito accionar no es ninguna novedad. Viene de mucho tiempo atrás y, ante la impotencia de las familias que se ven obligadas a participar de esta compra ilegal, se realiza ante la vista y paciencia de todo el mundo. Y eso lo sabe la policía, la autoridad municipal y también la Fiscalía.
Pero lo que también se sabe es que, la mejor manera de combatir las invasiones no siempre tiene que ser el desalojo. Existe una mejor alternativa que consiste en poner en marcha, también en forma enérgica y decidida, los planes de expansión urbana tanto en Chimbote como en Nuevo Chimbote. Ante una oferta de vivienda formal y para todos los niveles económicos, las invasiones ya no tendrían razón de ser.