PADRINO
El pasado mes de febrero la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema anuló un decreto expedido en esa instancia mediante el cual se señalaba fecha para la vista de la causa del recurso de casación planteado por el suspendido gobernador regional de Áncash, Waldo Ríos Salcedo y la dejó sin efecto, señalando que ese trámite debería cumplirse respetando el orden de prelación de ingreso de cada uno de los expedientes. Incluso, en la misma resolución los magistrados supremos decide, llamar severamente la atención al servidor judicial que no había observado sus funciones, lo que dejó entrever que allí había existido alguna maniobra subrepticia mediante la cual se permitió colocar un expediente que estaba rezagado y dejarlo en primera fila., por ello estaban señalando fecha para la vista de la causa mucho antes que muchos otros expedientes que llegaron con antelación. Sin embargo, ahora se advierte que se siguen haciendo esta clase de manejos bajo la mesa, pues el caso del abogado Luis Arroyo Guevara, ex patrocinador del encarcelado ex presidente regional César Álvarez Aguilar, se ha fijado fecha para la audiencia de calificación de su recurso de casación el 14 de marzo próximo, cuando el mencionado letrado fue condenado en noviembre del año pasado en medio de una huelga judicial que, se supone, no permitió tramitar el expediente sino hasta enero de este año, lo que quiere decir que su recurso de casación ha corrido a la velocidad de un rayo. Si tenemos en cuenta que la casación de Waldo Ríos se presentó en setiembre del año pasado y se consideraba en febrero que es prematuro para que pueda ser revisado en esa instancia suprema, ¿Cómo entender que en este caso del abogado Luis Arroyo se haya podido tramitar en solo un mes sin que los magistrados no lo observen? Todo indica que el abogado defensor que ha estrenado Arroyo para esta instancia suprema tiene mucho jale en el Poder Judicial y como no habría de serlo si se trata de Segundo Vitery Rodríguez, quien se ha desempeñado nada menos que como Procurador del Poder Judicial y es evidente que tiene muchas influencias al interior del organismo jurisdiccional, tanto así que ha hecho caminar este expediente mucho más rápido que cualquier otro. Huuummmmm…. Con este “padrino” cualquiera.
OFICINA
En Huaraz se ha hecho cuestión de estado por la propuesta recogida por la Superintendencia Nacional de control de servicios de seguridad y explosivos de uso civil, más conocida como SUCAMEC. Ocurre que la alcaldesa provincial Victoria Espinoza ha gestionado ante esta dependencia la posibilidad de instalar en nuestra ciudad una oficina zonal a efectos de facilitar los trámites que realizan los chimbotanos, entre otros, para solicitar licencia para portar armas, pedido que ha sido acogido. El propio Superintendente Nacional, Rubén Rodríguez Rabanal, confirmó esta decisión en nuestra ciudad hace poco más de una semana cuando llegó para tomar parte en la bendición del minigimnasio público que se ha colocado en la avenida Pardo y que se hizo con el fierro fundido que se obtuvo de las armas que fueron incautadas, ocasión en la que señaló que con el apoyo de la Municipalidad están dispuestos a establecer una sede en Chimbote a efectos de poder facilitar los trámites a los pobladores porteños. Sin embargo, en Huaraz han tomado esto como una pretensión de traer a nuestra ciudad la sede regional de la SUCAMEC, esto debe obedecer a una falla en comprensión lectora porque el Superintendente ha dicho bien claro que se trata de una “oficina zonal” de la Sucamec, es decir, no tiene nada que ver con la dependencia de Huaraz, por lo demás no se entiende de que se arañan tanto cuando los trámites que se realizan ante esta dependencia no se van a Huaraz sino a Trujillo. No entendemos porque tanto salto cuando el suelo está parejo.
DISCULPAS
La congresista fujimorista Yessenia Ponce Villarreal se ha arrepentido muy tarde de sus poses altaneras y dictatoriales que puso de manifiesto en una sesión de consejo regional y por cuya actitud ha sido sancionada con 120 días de suspensión sin goce de haberes por la comisión de Ética, acuerdo que debe tener el respaldo del Pleno del Congreso para que se ejecute. A decir de la congresista ha hecho llegar una carta al Consejo regional de Ancash pidiendo disculpas por los inconvenientes que generó en la sesión del 06 de octubre del año pasado. Ojo que el pedido de suspensión fue presentado ante el congreso por el consejero Pedro Izquierdo, por lo que nos imaginamos que la defensa de Ponce Villarreal pretenderá utilizar esta carta en e debate del pleno a efectos de impedir que se confirme y se haga efectiva la sanción, parece que fuera una estrategia conversada.