Aun cuando desde hace muchos años los medios de comunicación, por antonomasia, vienen persiguiendo y denunciando los casos de corrupción en la función pública, hasta la fecha no teníamos ni siquiera una idea de cuantas denuncias o procesos penales existen por esta modalidad delictiva.
Lejos de responder a ello a una dejadez o indiferencia, en realidad jamás reparamos en conocer cuál es la dimensión de la corrupción en nuestra provincia, inclusive, a pesar que nos hallamos en la Región que ha sido estigmatizada en el país como un enjambre de corrupción como consecuencia de la red criminal que se identificó a la gestión del hoy encarcelado ex presidente regional César Álvarez Aguilar.
Por ello resulta encomiable que un grupo de dirigentes de la sociedad civil reunidos en torno al colectivo civil REMA, que responde a la denominación de Reivindicación Moral de Áncash, acudiera al Ministerio Publico y solicitara formalmente la información relacionada con las denuncias por delitos contra la administración pública que se tramitan en esta entidad que tiene el monopolio de la acción penal.
Y los resultados han sido sorprendentes en la medida que se ha informado que solo a nivel del distrito fiscal del Santa existen un total de 755 casos de corrupción que se vienen tramitando ante la Policía, la propia Fiscalía y los Juzgados y Salas Penales de nuestra jurisdicción.
Obviamente que estamos hablando de denuncias que provienen de todas las provincias del distrito Fiscal del santa que abarca las provincias de Santa, Casma, Huarmey, Pallasca y Corongo, sin embargo, es evidente que la mayoría de procesos nacen en Chimbote y tiene como agraviados al gobierno regional, los municipios y las dependencias públicas.
Todos estos casos se encuentran en diferentes etapas de investigación como investigación preliminar., investigación preparatoria, control de acusación o juicio oral, lo cierto que son más de medio millar de denuncias por delitos contra los deberes funcionales y de corrupción.
La cifra demuestra cuán arraigada se encuentra el flagelo de la corrupción en nuestra sociedad, inclusive, se sabe que ya ni los fiscales se pueden dar abasto para poder investigar todos estos delitos y por ello existe el riesgo que muchos queden finalmente en la impunidad, al margen de los manejos turbios que son capaces de desviar el verdadero espíritu de la justicia y de la correcta aplicación de la ley.
Lo importante de esta gestión es que a partir de esta estadística los dirigentes y representantes de la sociedad civil de Chimbote estarán en capacidad de hacer el seguimiento a muchos procesos, especialmente aquellos que llevan la etiqueta de emblemáticos y aun cuando no tengan representación procesal si pueden recurrir al Ministerio Público o la Procuraduría anticorrupción para exigir que se diligencien los trámites y se expidan las acusaciones y sentencias que corresponda.
Justamente, este es el objetivo de la dirigencia del REMA, llegaron al mismísimo Ministerio Público para obtener una información que les servirá para demandar ante la instancia respectiva el avance de los procedimientos, más aun cuando es conocida la carencia de un adecuado sistema de defensa del estado, pues las procuradurías carecen de los presupuestos y personal suficiente como para estar detrás de todas las causas y las propias entidades cuentan con burócratas a los cuales poco o nada les importa si su institución tiene la condición de agraviada y debe demandar un resarcimiento ante los perjuicios que genera la corrupción.
Esto es imprescindible en la medida que la experiencia nos ha enseñado que tradicionalmente los juicios por delitos de corrupción se han perdido en el tiempo y en el espacio, caen en el letargo, nadie los tramita y suelen ser archivados, precisamente, por esa falta de interés de la parte correspondiente.
Ha hecho muy bien el REMA en solicitar esta información porque a partir de ella podrá conocer lo que sucede en un proceso penal, podrá requerir la intervención de la procuraduría y hasta solicitará a las altas instancias del Ministerio Público que se exhorte a los Fiscales a no entrapar las carpetas por esta clase de delitos.
Esperemos que el REMA llene ese espacio que la ley no ha podido resolver, ni siquiera colocando procuradores en cada una de las entidades públicas, de allí que desde ya asume el rol de la verdadera parte civil en los procesos de corrupción, hoy habrá una voz decidida a exigir que los juicios cumplan su verdadero rol inquisidor.
UNA PRIMERA RAYA
La Sala Penal de Apelaciones confirmó la semana pasada la condena que el año pasado impuso un juzgado penal unipersonal al conocido delincuente Jorge Luis Malca Valencia, más conocido en el mundo del hampa como “Chino Malca”.
La sentencia condenatoria, de siete años de pena efectiva, responde al delito de Tenencia Ilegal de Armas y guarda relación con una fallida intervención que se realizó en el P.J. San Pedro, cuando el sujeto fue ubicado en su domicilio y al tratar de ser aprehendido por efectivos policiales esgrimió un arma de fuego y apuntó contra ellos parea matarlos.
Afortunadamente el arma no se disparó y fue suficiente para que pueda ser aprehendido siendo denunciado en esa oportunidad por delito de Tenencia Ilegal de Armas, por lo que el proceso quedó pendiente y ahora que se encuentra encarcelado ha sido sentenciado.
Ocurre que este hampón es el que se hallaba en la localidad de Huacho el 14 de Marzo del año 2015 y se encontró con el ex consejero regional Ezequiel Nolasco, por lo que recibió el encargo de asesinarlo en ese mismo lugar. Por estos hechos que involucran a la red criminal de Ancash el “Chino Malca” ha sido acusado hace solo unos días por la Fiscalía de Crimen organizado que le está solicitando se le imponga una pena de 35 años de cárcel. Aun cuando trate de alegar inocencia, no cabe duda que “Chino Malca” tiene aún muchos años más de estancia en los predios penitenciarios, siendo esta sentencia de 07 años la primera raya a este tigre de alto vuelo.