La que negocia con tierras de Chinecas:
El Sexto Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa, viene evaluando el dictado de prisión preventiva contra la ciudadana Rosalía Garro Alfaro, a quien se le acusa, con todos los elementos de convicción, de haber cometido delito de usurpación agravada en agravio del Estado. Pues ha quedado demostrado que ha ocupado por la fuerza varias hectáreas de tierras de propiedad del proyecto de irrigación Chinecas que se ubican en la zona Pampas de Atahualpa, las mismas que a su vez se hallaban en poder de anteriores invasores.
En su argumentación, la señora Garro afirma haber accedido a las tierras de Chinecas merced a una aparentemente generosa voluntad de “cesión” de parte de un grupo de personas que afirman ser dirigentes de la supuesta Comunidad de Indígenas de Chimbote y Coishco. Para las ciudades de Chimbote y Nuevo Chimbote, esta historia ya es ampliamente conocida.
Da la casualidad que las tierras “cedidas” por la comunidad de indígenas a la señora Garro Alfaro, han terminado siendo acondicionadas para un programa habitacional llamado Asociación de Vivienda Los Delfines del Puerto, una empresa de corte comercial de la que la persona denunciada afirma ser su presidenta.
De acuerdo con la Ley N ° 28736, Ley de Pueblos Indígenas u Originarios que rige actualmente, las tierras que pertenecen a estas instituciones ancestrales, tienen el carácter de intangibles. Bajo ningún concepto, éstas pueden ser cedidas ni transferidas a terceras personas; ni mucho menos ser objeto de transacción comercial alguna. En el hipotético caso de ser cedidas o transferidas, está decisión tendrá que obedecer a un acuerdo de asamblea general y así constar en un acta inscrita en Registros Públicos.
Hasta donde se ha podido conocer, nada de esto ha ocurrido con la supuesta “cesión” de tierras a favor de la señora Rosalía Garro, y eso se debe a una razón más que suficiente: la Comunidad de Indígenas de Chimbote y Coishco , fundada el año 1814, ahora ya no existe. Fue desactivada por el gobierno militar después del terremoto de 1970. En caso de haber seguido existiendo, lo primero que hubiera hecho es adecuarse a la Ley 28736, cosa que jamás ha sucedido. Aún así, la comunidad no estaría facultada para ceder y transferir a diestra y siniestra tierras del estado, pues éstos son bienes que no le pertenecen.
Lamentablemente, más de un invasor ha tomado por la fuerza las tierras del proyecto Chinecas, amparándose leoninamente en documentos de compra-venta otorgados por la Comunidad. ¿Qué validez podría tener un documento firmado por representes de una institución inexistente?.
Pensamos que, desde un primer momento, los asesores legales que trabajan al servicio de Chinecas y del gobierno regional de Ancash, debieron advertir y rechazar esta tropelía. Para eso los ha contratado el gobierno. No había por qué esperar que los actos de la comunidad huelan a tanta indignidad.