POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA (*)
De acuerdo a nuestra Constitución, el Congreso autoriza la salida del territorio del Presidente encargándose las funciones al primer vicepresidente, o a falta de este, al segundo. En junio de este año, fue publicada la Ley 31810 que habilita al mandatario viajar en caso no existan vicepresidentes. Atendiendo a esto último, el Parlamento autorizó que la señora Dina Boluarte Zegarra viaje a Brasil para participar en la IV Reunión de Jefes de Estados parte del Tratado de Cooperación Amazónica. Y así fue, viajó el pasado lunes y retornó dos días después.
De inmediato, legisladores de Perú Libre han amenazado con impulsar moción de vacancia en contra de la señora Boluarte Zegarra aduciendo que su salida fue inconstitucional. En esa misma línea se pronunció el Colegio de Abogados de Arequipa. A todo esto, ¿estuvo apegada a la Carta Política?. Veamos.
La comentada Ley 31810 fue aprobada por el Congreso, y promulgada por el Ejecutivo, por lo que existe presunción de constitucionalidad; es decir, mantiene vigencia hasta que no sea expulsada del ordenamiento jurídico por el Tribunal Constitucional. Así, en caso el TC resuelva por la inconstitucionalidad, la citada norma perderá valor a partir del día siguiente de publicada la sentencia; sin embargo, los actos realizados en el ínterin (viajes) no serán afectados. Por lo tanto, es válido asumir que no existiría causal de vacancia, toda vez que fue el mismo legislativo que dio el visto bueno, ni tampoco configuraría como delito, pues no está tipificado en el Código Penal.
En adición, el Presidente tiene como funciones, entre otras, la de dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. Al respecto, el Premier Alberto Otárola ha declarado que doña Dina “…, va a seguir ejerciendo el liderazgo y la diplomacia presidencial en aquellos casos en que sea imprescindible su presencia en el exterior”.
Es momento, al margen de cualquier sentimiento o parecer político (a favor o no de este gobierno), que coincidamos en seguir mejorando nuestra imagen internacional como un país soberano, atractivo para las inversiones, y respetuoso de los derechos humanos.
(*) Abogado.