CPC SERGIO AGURTO FERNANDEZ
Estando en la agenda política del Congreso de la República, la reforma del Sistema Nacional de Pensiones, hago causa común con esta corriente reformista, alcanzando para el debate mi aporte personal, con la seguridad que va a contribuir en la solución del problema de las bajas pensiones, sin la participación del Estado, como debe de ser.
EL Estado monopolizó el sistema previsional a falta de competidores privados hasta la década de los años 90, fecha en que hicieron su aparición las AFPs. A nuestro entender, en su diseño se incurrió en un grave error, al obligar al Estado a asumir el costo del sistema como un pasivo laboral, pero que, en adelante dicho costo, progresivamente se fue transfiriendo al verdadero titular de la obligación que es el trabajador.
No fue un criterio acertado que los aportes de los trabajadores vayan a engrosar las arcas del llamado “Fondo Solidario”, sin individualizar a los aportantes. Estos recursos de propiedad privada (Trabajadores), fue una fuente de financiación del Estado para la ejecución de las obras públicas, pero que no los retornaba ni el capital ni los intereses. Esto explica entonces cómo el Estado en una muestra de aparente generosidad, viene asumiendo los mayores costos de las planillas de pensionistas de la ONP, que no tendría por qué ocurrir si se hubieran hecho bien las cosas. Situación que evidencia que ha llegado el momento de ponerle punto final a esta fuga de recursos públicos que van a financiar un derecho laboral que tiene su propia fuente, que son los aportes de los trabajadores.
Esto da pie para que la reforma previsional marque un hito en un “antes” y un “después”. Este “antes” debe significar el cierre de la vigencia de la Ley 19990 no admitiéndose a nuevos afiliados, debiendo el Estado seguir asumiendo el pago de los jubilados de la ONP, hasta la jubilación del último afiliado y el deceso de todos ellos, luego de lo cual la ONP habrá llegado a su extinción. El “después” implica que la reforma pensionaria solo beneficiará a las personas que recién inician su vida laboral y a los migrantes de la ONP y AFP.
Mientras se siga con las bajas tasas de aportación (10% AFP y 13% ONP) y con los topes de las pensiones que la ONP impone (s/. 893-), cualquiera sea la entidad administradora de los aportes, difícilmente se podrá aspirar a percibir una pensión digna; urge aumentarlos. Una muestra de ello es el visible y vergonzoso caso del Arqueólogo Walter Alva, si, el mismo personaje que Ud, recuerda, percibe la miserable pensión de s/. 850- mensuales, pese a ser el descubridor de las Tumbas Reales del Señor de Sipán en Lambayeque, que es un atractivo turístico de orgullo nacional. A ver si los administradores políticos de turno del Estado (Ejecutivo y Legislativo), haciendo gala de un derroche intelectual, modifican este hibrido administrativo, que pauperiza a una población de adultos mayores, que el actual sistema pensionario les desgració la vida, degradándolos hasta los niveles de pobreza extrema.
Como sabemos existen en el mercado previsional peruano, dos opciones institucionales (ONP y AFP) que administran los fondos de los trabajadores, y a uno de ellos hay la obligación de afiliarse. Con un poco de imaginación y sin comprometer los recursos públicos, podemos sugerir la solución mas viable, que es la creación de una tercera opción que venga a competir con las otras dos opciones existentes; será el mercado y no una ley, la que decida el futuro empresarial de cada una de ellas.
Para el efecto, esta tercera opción tendrá que marcar la diferencia, ofreciendo al trabajador atractivas e inéditas novedades, como que, además de ser aportante, tendrá la oportunidad de ser accionista de lo que podría ser el “Banco de los Trabajadores”. Puede parecer una fantasía o una ilusión mental, pero no, es perfectamente posible siempre que exista la voluntad política y ningún lobismo que lo entorpezca. Entonces veamos las bases estructurales de la propuesta y que no debe de sorprender.
1.- El “Banco de los Trabajadores” estará constituida como una empresa con personería juridica de derecho privado, creado por una ley.
2.- La cartera de accionistas debe estar conformada por trabajadores que perciban renta de 4ta. Y 5ta. Categoría y por los trabajadores informales y por los independientes.
3.- No habrá aportes de capital por parte de los trabajadores. La ley de creación del banco debe autorizar al Banco de la Nación a abrirle una línea de crédito, por el monto y tiempo a determinarse, para ser utilizada como capital de trabajo, con la garantía de los futuros aportes.
4.- Los trabajadores deben tener doble beneficio: a) Como aportantes, por el rendimiento de sus aportes, y b) Como accionistas, por la utilidad que se genere anualmente.
5.- Serán recursos del banco las comisiones que cobre por la administración de los fondos previsionales, los intereses moratorios por el atraso en el pago de los aportes y cualquier otro que provenga de su actividad empresarial.
6.-Los aportes individuales se convertirán en acciones tan pronto ingresen a la ventanilla de la entidad recaudadora, cuya integración al capital se hará anualmente.
7.- Esta tercera opción solo beneficiarà a los trabajadores activos y a los migrantes de la ONP y AFP. Los actuales jubilados seguirán en su mismo régimen en la ONP y AFP.
8.-Se debe encomendar al Banco de la Nación las funciones de agente financiero.
9- Distinto a los bancos tradicionales, aquí no se requerirá de grandes infraestructuras inmobiliarias porque no se manejarà dinero en efectivo; habrá oficinas de enlace en cada capital de provincia.
10- No habrá pensión mínima ni máxima ni un mínimo de años de aportación para jubilarse; esto lo determinarà el mismo trabajador, en razón del monto de su fondo individual y entendiendo que no tendrá el auxilio económico del Estado, si fuera irrisoria su pensión de jubilación.
11- El Estado no tendrá injerencia administrativa ni financiera, tampoco podrá formar parte del directorio. Su participación solo será de carácter normativo, fijando las pautas del sistema pensionario, haciéndolo más accesible para el común de los trabajadores.
12- Se tendrá una política de adhesión libre y voluntaria con apertura a la migración interinstitucional de afiliados, sin restricción alguna.
En el escenario político a Julio 2023, increíblemente hay en competencia tres proyectos de reforma del sistema de pensiones, dos que provienen del Congreso (Uno de la Comisión de Economía -Rosangela Barbaran- y otro de la Comisión de Trabajo -Sigrid Bazán-) y como para no desentonar el Ejecutivo también tiene el suyo (MEF).
1.- Comisión de Economía
a) Cada ciudadano con 18 años de edad debe tener aperturada una “Cuenta Individual de Capitalización” en la ONP o en la AFP; b) De cada consumo se destinará el 3% del IGV al “fondo individual”, el excedente de la canasta básica (s/. 430-) en el mes, se irá a un “Fondo Solidario de Pensiones”, para cubrir a los afiliados cuyos aportes no llegaron a una pensión mínima con sus aportes; c) El aporte de los independientes será del 6%, si sus ingresos son menores a una UIT y 13% cuando lo supere.
2.- Comisión de Trabajo
a) Los aportes bajarán en 4%: b) Se garantiza una pensión básica financiada por el Estado, que incluye a Pensión 65 y Contigo; c) Habrá un aporte tripartito, el Estado con el 1%, el trabajador 9% y el empleador 4%; d) Los independientes aportarán el 5% de los ingresos y el beneficiario del servicio 5%; e) Los independientes sin continuidad de servicio, serán cofinanciados por el Estado; f) El afiliado cuya remuneración supere las cinco remuneraciones mínimas (s/. 5,125-), podrá elegir afiliarse entre los regímenes público y privado.
3.- Ministerio de Economía
a) El no contributivo financiado por el Estado, Pensión 65 y Contigo; b) Los jubilados que no alcanzaron la pensión mínima (s/. 500-), el Estado financiará la diferencia; c) El Estado financiará la pensión de los padres de familia que dejaron de aportar por dedicarse al cuidado de los hijos; d) Las personas al cumplir los 18 años de edad serán afiliados a un sistema de su elección; e) Los locadores de servicio, así como los trabajadores independientes del sector privado, estarán obligados a aportar para su jubilación; f) Los ciudadanos podrán efectuar aportes voluntarios para mejorar sus pensiones. Quienes están afiliados a una AFP, en el futuro podrán disponer de este dinero que funcionará como un ahorro sin fin pensionario-
Los nostálgicos electores al tomar nota de estos proyectos, que más se asemejan a las clásicas ofertas de campaña expresados en una plaza pública si no en el recinto parlamentario, seguramente alucinarán estar asistiendo a una fiesta electoral; pero no, se trata de proyectos que es producto del ingenio de los miembros de estos dos poderes del Estado, que a deducir de sus propuestas, la solución está en sobrecargarle de obligaciones que le pertenecen a terceros (Trabajadores), pretendiendo quizás convertir al Estado en una mega beneficencia pública.
Debemos tener muy claro que el sistema nacional de pensiones no debe ni puede ser una carga para el Estado, tampoco puede constituir un costo laboral para las empresas, porque la esencia del concepto pensionario es que tiene que ser autosostenible. En consecuencia, sería un despropósito crear beneficios laborales que no sean compatibles con esta realidad, tal como se plantea, por ejemplo, crear una cuenta individual para quienes cumplan los 18 años de edad, para que de cada bien o servicio consumido, del IGV incluido en el precio de venta del producto (18%), el 3% se abone a la cuenta de cada quien. Esto no es broma, suena como a una encubierta mala intención de fomentar la holgazanería en la población juvenil; peor aún, esta interceptación de recursos públicos a favor de terceros (3% del IGV), en realidad es como un asalto a las finanzas públicas, al mismo estilo del oeste americano. La dispersión de las modalidades de trabajo es culpa del Estado por no saber enmendar sus errores, propiciando que estos generen sus propias pensiones, sin la ayuda estatal.
Así como se está planteando el tema de la reforma, pasándole la cuenta al Estado, situaciones de este tipo no deben de prosperar, porque es un saqueo disimulado del erario nacional, que indudablemente corre el riesgo de colapsar. Los políticos tienen que saber que no se puede ser generoso sembrando favores políticos con el dinero ajeno (Estado). Las fuentes que sustentan al Tesoro Público, en algún momento se acabarán, esto sería el inicio de una convulsión social que los ciudadanos de hoy no estaremos para comprobarlo.
Equivocadamente aquí se están mezclando dos conceptos diferentes: 1) Jubilación que tiene origen laboral y es autosostenible, y 2) Pensión 65 y Contigo que tiene origen político y es subsidiado por el Estado y son administrados por ministerios diferentes.
Frente a todo ello nos ratificamos que la tercera opción que se propone (Banco de los Trabajadores), sin comprometer los recursos públicos, es la mejor respuesta al problema de las pensiones vergonzosas que pagan la ONP y la AFP.
Con seguridad que este producto made in Perú, si es que se llegara a implementar, va a revolucionar el sistema nacional de pensiones y va a ser replicado en el entorno latinoamericano, tal como en su momento ocurrió con la AFP.