Organismos del Estado funcionan mal:
Que el Estado sea un mal administrador, es un axioma irrefutable; algo que en líneas generales ya no tiene porque llamarnos la atención. Esa ingrata realidad es además un mal endémico, tan enraizado y tan antiguo como el propio estado, aparentemente difícil de ser extirpado con facilidad. Más de los días, así lo pone de manifiesto la labor que vienen realizando varios organismos del estado, tanto aquí como en todo el territorio nacional.
Según el Informe N°15768-2023, la Contraloría General de la República ha dado a conocer que los trabajos de reconstrucción de diez locales escolares, ubicados en las provincias de Santa y Casma, adolecen de una serie de deficiencias de orden técnico que afectan directamente la calidad de la obra. En otras palabras, eso quiere decir que las obras allí ejecutadas representan un riesgo latente para el normal funcionamiento del servicio educativo.
Con una inversión de S/79´846,018.00, el trabajo realizado en estos planteles escolares estuvo a cargo la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambio, ARCC, el organismo público creado exclusivamente para resarcir los daños ocasionados por el fenómeno El Niño Costero del año 2017; entre ellos, el perjuicio que sufrió la infraestructura educativa. Hasta ahí, todo perfecto.
Lo que no se esperaba, como bien lo ha advertido la Contraloría, es que estas obras de reconstrucción presentan fallas en lo que se refiere a estructura, diseño arquitectónico, lo mismo que en las instalaciones eléctricas y sanitarias; fallas que dejan mucho qué desear de la labor que desarrollan los organismos del estado. Ya en anteriores oportunidades, el trabajo realizado por la ARCC ha sido motivo de serias observaciones, como sucedió con el muro perimétrico de la institución educativa Antenor Sánchez.
Pero, aún cuando no se trata precisamente de una infraestructura afectada por El Niño Costero, lo sucedido con el canal San Bartolo del distrito de Santa es algo que viene a colación cuando hablamos de la labor de la ARCC. El revestimiento de este canal de regadío, de 11 kilómetros de longitud, lo inició el gobierno regional de Ancash en febrero del 2010, durante la gestión de César Álvarez Aguilar, mucho antes de la llegada de El Niño.
Con un presupuesto de 17 millones de soles, la obra debió ser concluida en un plazo de ocho meses, para no afectar la campaña agrícola de los sembríos de arroz y otros productos de panllevar. Ello no obstante y tal como era común en esa época, la obra fue entregada dos años y medio después, cuando aún faltaba un kilómetro por enlucir, pagándose por ella la suma de 37 millones, más del doble. Como todo el mundo sabe, la obra fue adjudicada a un consorcio cuyo gerente general era en ese momento Juan Carlos Morillo Ulloa. Sobre este caso, existe una investigación fiscal de la cual hasta este momento nadie da ninguna explicación.
Ha trascendido sin embargo que, a mediados del 2019, cuando Juan Carlos Morillo Ulloa ya era gobernador regional, la ARCC “concluyó” el revestimiento del canal San Bartolo, sin ser ésta una obra afectada por El Niño. Como lo han advertido quienes siguen de cerca este caso, la única razón por la que fue “concluido” el canal, habría sido el interés de borrar la huella del delito. Salvo que ARCC tenga otra explicación.
Pero la labor de la ARCC, no es la única que deja mucho qué desear en estos lares. En la misma medida, podemos decir lo mismo del Programa Nacional de Inversiones en Salud, PRONIS, concretamente a través de la desafortunada gestión que viene realizando con la obra del hospital El Progreso. Con adelantos que bordean los 40 millones de soles y con tan solo el 7 por ciento de avance, la obra ya lleva dos años paralizada.
Mientras los organismos del estado se esmeren en hacer las cosas así de incorrectas y defectuosas, el aparato estatal seguirá como hasta hoy, malográndose cada día más.