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CAPTURA DEL GENOCIDA

El 12 de setiembre de 1992 se produjo la captura de Abimael Guzmán Reynoso en una casa de la urbanización La Calera en Surquillo, en Lima, por parte de un grupo especializado de la PNP, el ya famoso GEIN. Han pasado 31 años de aquel episodio y el paso del tiempo, a pesar de la sangre derramada por Sendero Luminoso, aún sufrimos los rezagos de esa horda asesina que mantiene simpatizantes. En aquel momento, en la noche de ese sábado, los noticieros televisivos dieron a conocer la captura de Guzmán Reynoso, que definitivamente cambió el futuro de esa organización terrorista, pues fue el inicio del fin de esa lucha sangrienta que llevaban en adelante desde 1980. En estos últimos 31 años hemos sido testigos de los rezagos que nos ha dejado esa época terrorista, con interpretaciones necias por parte de la izquierda al denominarlo “conflicto interno”. Se ha tergiversado la realidad. Hoy, en diferentes lugares, se recordará esta captura del genocida Guzmán Reynoso con presencia de los familiares de las víctimas del terrorismo.

HASTA CUANDO PRONIS?

Estamos empezando la segunda semana del mes de septiembre y hasta el momento no hay información oficial sobre el hospital El Progreso, después que el PRONIS; mediante Resolución de Coordinación General, resolviera el contrato con el segundo contratista. Desde el 14 de agosto, fecha en la que se emite la referida resolución, llevamos tres semanas y media y se entiende que se debe estar trabajando en el saldo de la obra y las demoliciones, que van a formar parte de un nuevo expediente técnico, que dará luz al nuevo presupuesto y los costos de inversión. Es decir, no solo se trata del saldo de la obra, sino también de las demoliciones que se tienen que realizar, pues el primer contratista estafó al Estado construyendo concretos con características que no estaban en el expediente técnico. Esos muros deben ser demolidos y eso genera un costo. Una vez que se tenga el expediente técnico, se debe lanzar la tercera licitación. Solo será cuestión de esperar. De la misma forma, a estas alturas entendemos que, el departamento legal del PRONIS ya debe haber iniciado las demandas legales respectivas contra el primer consorcio integrado por empresas chinas, que están acostumbradas a estafar al Estado peruano y también de estar preparando la segunda demanda contra el segundo contratista, que cobró S/. 7 millones de soles y no hizo nada.

VOLUNTAD POLÍTICA

En la medida que se vayan destrabando los expedientes de los proyectos, estos definitivamente se ejecutarán. Si hay un paquete de ocho obras que está lanzando a licitación la Subregión Pacífico, en buena hora que los expedientes técnicos estén saneados para que las futuras obras no vayan a sufrir retrasos. Hay una buena cantidad de proyectos que aún están en el tramo de observaciones y solo podrán concretarse si hay voluntad política. Uno de estos expedientes es del colegio José Gálvez del Pueblo Joven 2 de Mayo, cuyo expediente técnico ya está aprobado y se espera que no tenga observaciones.

EQUIVOCADO OBJETIVO

La ciclovía de la avenida Pardo debe ser un dolor de cabeza para cualquier gestión municipal. El último informe de la Contraloría señala las deficiencias existentes con lujo de detalles y los cuales tienen que ser superados, porque de otra manera, la obra no quedará como era el objetivo final. Lo cierto es que la obra está expuesta, ante la población, porque se encuentra en la principal avenida de la ciudad, arteria que atraviesa el centro y que la ciudadanía observa cotidianamente. La gente está fastidiada y con justa razón, porque ante sus ojos se observan la forma como se están construyendo y cómo se ha estructurado el diseño para que pase por su berma central una vía para bicicletas. Si se trata de una avenida principal, lo importante era resaltar las áreas verdes, pero ese no ha sido el objetivo, la ciudad necesitaba otra vista y no una vía para bicicletas. El asunto es que, al margen de haberse equivocado en el diseño y objetivo, la estructura que se construye tiene un expediente técnico deficitario, tal como lo señala la Contraloría.