El primer contratista al que se adjudicó la obra del hospital El Progreso, fue el denominado Consorcio Progreso, una sociedad comercial conformada por dos empresas de ascendencia China que, como sabemos, paralizó la obra a tan solo tres meses de su inicio, con un insignificante 7% de avance.
El segundo contratista, denominado Consorcio Salud Progreso, siguió los pasos de su antecesor. Después de recibir un adelanto de 7 millones de soles, en abril del presente año rescindió el contrato, sin haber colocado un solo ladrillo. Encima, ha solicitado al Poder Judicial dos medidas cautelares, con el evidente propósito de obtener un arbitraje a su favor por supuestos daños y perjuicios. Para no creerlo.
De otro lado, la elaboración del expediente técnico para la ejecución de la obra del colegio Politécnico Nacional del Santa, fue un trabajo que se encargó en diciembre del 2021 al Consorcio Politécnico por la suma de 860 mil soles. El compromiso era entregar este documento a más tardar en marzo del 2022. No obstante el tiempo transcurrido, y muy a pesar de haber cobrado el íntegro de lo acordado, hasta el día de hoy Consorcio Politécnico no cumple con levantar las más de 50 observaciones que tiene el expediente. En la práctica este no sirve para nada. Por el contrario, por segundo año consecutivo está impidiendo que la obra sea puesta en licitación.
La lista de obras truncas y paralizadas que han sido adjudicadas a uno y otro consorcio, es larga y deprimente. Sin exagerar, faltaría papel y tinta para enumerarlas una por una. Es indiscutible que esta deficiencia de gestión púbica, que ya parece ser una pandemia, no solo es responsabilidad de los consorcios. En la misma medida, la responsabilidad recae en los organismos ejecutores, ya sea del gobierno central, regional o local.
Da la casualidad que, para la ejecución de cada obra pública, se constituye un consorcio en especial; y esto sucede justo cuando la obra se encuentra en vísperas de ser lanzada a licitación. Por todo lo que podemos ver más de los días, las empresas que conforman tales consorcios son las mismas que operan bajo esta modalidad en diversas ciudades del país.
Podría decirse que estamos frente a una organización que opera coordinadamente a nivel nacional. ¿La misma chola, con distinta pollera?. Exacto. Lo único que cambian, es de razón social y de representante legal. De esa manera, si alguna empresa en particular arrastra un mal antecedente, el consorcio se encarga de dar la cara por ella. Al final de cuentas, por ser una persona jurídica recién nacida, ante la ley el consorcio está con las manos limpias.
Eso significa que aquí no importa si el consorcio que gana una licitación carece de la experiencia necesaria o de la trayectoria y el prestigio empresarial que garantice la correcta ejecución de la obra. Se han dado casos de contratos de obra que se han firmado sin siquiera haberse leído el expediente técnico ni mucho menos de haberse percatado del saneamiento físico y legal del terreno.
A la hora de la licitación, tampoco importa si alguna de las empresas que integran el consorcio es ajena al rubro de la construcción o de la temática de la obra. Se ha podido ver, por ejemplo, que una de las empresas que conforman Consorcio Salud Progreso, está ligada al rubro agropecuario. ¿Cómo es que estas cosas pueden pasar por el filtro de las unidades ejecutores y de los organismos supervisores y de control, como el OSCE, SEACE, etc.?.
Por desgracia, las normas que rigen los procesos de licitación y la firma de los contratos, están diseñados de tal manera que, en caso de producirse alguna controversia contractual entre las partes, el contratista jamás resulta pasible de una penalidad. Por el contrario, además de abandonar la obra, se queda con el adelanto y encima exige, por la vía judicial, una reparación por daños y perjuicios. Quien paga los platos rotos es el contratante, es decir el estado.
Mientras tanto, es lamentable saber que contra esta pandemia llamada consorcio, en el Perú todavía no se está aplicando la vacuna ni el antídoto que la detenga.