Política

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GESTIÓN HOSPITALARIA

En estas páginas hemos publicado las denuncias que han realizado el sindicato de enfermeras del Hospital III de Chimbote, donde han hecho público lo que gran parte de los asegurados de Essalud conocían, sobre el caótico estado de los servicios de emergencia en dicho nosocomio. También hemos publicado la versión de la actual gestión, que tiene como gerente a la médico Yuliana Sevillano, donde señala que, en la actualidad, la atención se rige por los protocolos vigentes y que, en el servicio de emergencia no hay caos. Todos los que en algún momento hemos llegado para acompañar a algún familiar en el hospital III, sabemos y conocemos la realidad y que las enfermeras difícilmente se han equivocado. Para nadie es un secreto que, desde hace aproximadamente cuatro años atrás, los pasadizos están con camas y que la atención se ha vuelto un caos a raíz de la poca capacidad para la gestión administrativa y que la situación se puede controlar con una serie de decisiones que permitan desviar esos flujos de pacientes que sobrepasan la actual capacidad. Lamentamos de veras que se haya llegado a estos extremos, pero es producto de administraciones deficientes. Los asegurados sufren para conseguir citas, no de ahora, sino de mucho antes, incluso ahora es un riesgo llegar al hospital, pues el contagio de infecciones es muchísimo mayor, lo saben y lo conocen las propias autoridades administrativas y médicas, que por ahora no quieren asumir responsabilidades. Si no llegan personas capacitadas para gestionar administrativamente un hospital, difícilmente se podrá superar los momentos actuales. Las enfermeras han convocado un plantón, sus razones tendrán, ellas conocen el problema de fondo y, además buscan algunas reivindicaciones que no podrán ser tratadas en el nivel local. En el nivel local se tiene que tratar el tema de la gestión administrativa, pues si no hay eficiencia, las actuales autoridades están de más y eso es producto cuando las decisiones políticas son erradas.

CONGRESISTAS EN RUSIA

Desde el último jueves se está informando que un grupo de once congresistas se encuentran en Rusia, invitados por ese gobierno, en plena semana de representaciones y sin haber pedido permiso al Congreso. Los congresistas han viajado con dinero pagado por el gobierno ruso. Como es de conocimiento público, el gobierno ruso está aislado en estos momentos desde que estalló la guerra con Ucrania. Los congresistas no han tomado en cuenta ese factor y han concurrido al llamado de Putín. Dentro de esos once congresistas se encuentra nada menos que la representante de nuestra ciudad en el parlamento, Kelly Portalatino Ávalos; quien aún sigue perteneciendo a Perú Libre. Sin duda que la presencia de estos once congresistas en Rusia es totalmente discutible por la coyuntura actual y los objetivos de ese encuentro.  Hay en ese grupo viajero, congresistas de varias bancadas, no necesitamos aquí mencionarlos. Solo nos interesa la presencia de la congresista chimbotana. Es importante mencionar que, Portalatino ha sido ministra y estuvo vinculada al círculo gubernamental hasta que se produjo la salida de Pedro Castillo. Lo cierto es que, tuvo mucha influencia e incluso, hay un par de empresas constructoras que realizan obras desde el 2021 en varios municipios distritales y cuya representante legal es una sobrina de ella. Ahora que se ha ido a Rusia, será preciso que cuando retorne, nos diga realmente porqué fue a un país que está agrediendo a otro en una guerra sin cuartel.

GOBIERNOS LOCALES Y LA PNP

El ejecutivo ha aprobado  un decreto legislativo que modifica la Ley N.° 29010. La norma faculta a los gobiernos regionales y locales a disponer recursos a favor de la Policía Nacional del Perú (PNP). Según la norma “Los gobiernos regionales y gobiernos locales están facultados para realizar gastos de inversión en materia de seguridad ciudadana, infraestructura y equipamiento, para mejorar la capacidad operativa de los servicios policiales, la formación, salud policial, investigación y criminalística, así como para fortalecer la operatividad policial en las unidades de flagrancia, y pueden realizar inversiones para la ejecución de infraestructura y/o adquirir equipamiento a favor del Ministerio del Interior, para ser destinado a la Policía Nacional del Perú. Previamente se suscribirán convenios según corresponda especificándose la infraestructura y equipamiento. No está comprendida la adquisición de armas de fuego, municiones y armas. Esperamos conocer el modo de los convenios y que gobiernos locales dispondrán de recursos para empezar esta relación directa con la PNP y el Ministerio del Interior.