Por: Fernando Zambrano
Analista Político
El 18 de diciembre de 1992, el secretario general de la CGTP, Pedro Huilca Tecse, fue asesinado por terroristas de Sendero Luminoso. Lo asesinaron, con armas de fuego de corto y largo alcance, cuando el dirigente se encontraba en el interior de su vehículo, frente a su casa en el distrito de Los Olivos, Lima.
Pese a las evidencias y a la autoincriminación de Sendero Luminoso, se inició una persecución política y judicial contra miembros del servicio de inteligencia y de las FFAA, todo propiciado por agentes de ONGs dedicadas a defender a presuntos terroristas, con el apoyo de operadores políticos y judiciales del gobierno de Alejandro Toledo.
La Comisión Interamericana de DDHH, a solicitud de la esposa de Pedro Huilca y su entonces abogado Aurelio Pastor, se pronunció señalando responsabilidad del Estado en el asesinato y disponiendo investigar, además de los miembros de las FFAA, a los investigadores del asesinato, además de pagar una cuantiosa reparación civil a la esposa e hijos de Pedro Huilca.
El 12 de marzo de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sometió ante la Corte Interamericana de DD.HH. una demanda contra el Estado peruano por el caso Huilca. Entre los jueces de la Corte figuraba Diego García Sayán.
La Comisión solicitó a la Corte Interamericana de DD. HH que ordene al Estado peruano que adopte una serie de medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias, así como el pago de las costas y gastos generados en la tramitación del caso ante la jurisdicción interna y ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
La Comisión señaló que dicha ejecución fue llevada a cabo presuntamente por miembros del grupo Colina, según ellos un supuesto escuadrón de eliminación vinculado al Servicio de Inteligencia del Ejército del Perú.
El 7 de septiembre de 2004 el Estado, bajo la presidencia de Alejandro Toledo, contestó la demanda, allanándose a las pretensiones de los demandantes, reconociendo responsabilidad de Estado peruano en el asesinato de Pedro Huilca.
Asimismo, el gobierno de Alejandro Toledo señaló que se allanaba a la demanda también en los extremos de la reparación civil y las costas, específicamente en cuanto a que el Estado de Perú debe resarcir integralmente a las presuntas víctimas de los derechos humanos violados, es decir la pareja e hijos de Pedro Huilca.
Ante el allanamiento del Estado peruano, la Corte Interamericana de DD.HH dispuso pagar reparaciones a las supuestas víctimas, investigar efectivamente los hechos del presente caso con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la “ejecución extrajudicial” de Pedro Huilca Tecse. El resultado del proceso debería ser públicamente divulgado.
Además, la Corte Interamericana de DD.HH. dispuso depositar la indemnización consignada a favor de los entonces menores Indira Isabel Huilca Flores y José Carlos Huilca Flores en una inversión bancaria a nombre de éstos en una institución peruana solvente, en dólares estadounidenses o en moneda nacional del Estado, a elección de la persona que legalmente los represente.
Obligó al Estado peruano a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con el presente caso, y pedir una disculpa pública a los familiares de la víctima. Además, dispuso que el Estado publique en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, la Sección denominada “Hechos Establecidos” en la Sentencia.
Llegó al extremo de disponer que se establezca una materia o curso sobre derechos humanos y derecho laboral, que se denomine “Cátedra Pedro Huilca”; así como recordar y exaltar en la celebración oficial del 1 de mayo (día del trabajo) la labor de Pedro Huilca Tecse en favor del movimiento sindical del Perú.
Pero además obligó al Estado a erigir un busto en memoria de Pedro Huilca Tecse y brindar atención y tratamiento psicológico a los familiares de la víctima. Por supuesto que el LUM inmediatamente erigió bustos y fotografías y todo dejando entrever que había existido una ejecución extrajudicial ejecutada por miembros de las FFAA. La Comisión de la Verdad también hizo suya toda la farsa.
Ahora que el Poder Judicial se ha pronunciado exculpando a los presuntos implicados en el asesinato de Huilca, quién resarce al Estado de lo actuado indebidamente por estos operadores. Para empezar, al Gral. ® Rivero Lazo que sigue retenido por más de 20 años y ahora es absuelto. Por otro lado, cómo harán que Indira Huilca y sus familiares devuelvan lo indebidamente recibido por concepto de reparación.
Se debe investigar y procesar a Alejandro Toledo y todos los que participaron en esta farsa que ha traído un costo pecuniario y moral para el Estado peruano. Sobre todo, a quienes resultaron ser las verdaderas víctimas, los indebidamente acusados y presos durante décadas, por un crimen en el que no tuvieron participación.
La tremenda corte una vez más…
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