Por fraudulenta reelección de Rector:
Otro proceso penal en caso Universidad San Pedro.
La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y el Procurador Anticorrupción del Santa fundamentaron su recurso de apelación contra la decisión del Juez de Investigación Preparatoria, Eudosio Escalante Arroyo quien declaró fundado el archivo de la denuncia por cohecho pasivo en contra del rector de la Universidad San Pedro, José María Huamán Ruiz, entre otros, por el sonado caso “registros públicos”.
En este proceso penal, el Juez Eudosio Escalante Arroyo decidió archivar la investigación en contra de Miguel Rufino Sánchez Solórzano por el delito de cohecho pasivo propio así como a sus coimputados José María Huamán Ruiz, Gilmer Augusto Díaz Tello, Manuela Inocenta Portales Pairazamán y Tania Leonor Baca Escurra (directivos y funcionarios de la USP), por el delito de cohecho activo genérico.
Además, se archivó respecto a las trabajadoras del Rectorado de la USP, Rosa Edith Carrillo Romero y Tania Leonor Baca Escurra, quienes fueron investigadas por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de documento privado falso.
Sin embargo, al haberse planteado apelación a la sentencia, por parte de la Superintendencia de Bienes Nacionales así como la Procuraduría Anticorrupción del Santa, el proceso quedará paralizado hasta que la Sala Penal de Apelaciones lo resuelva. Ello, en razón que aún falta discutir el requerimiento acusatorio de falsificación de documentos contra las autoridades y funcionarios de la Universidad San Pedro.
Karen Julia Carmen Pineda Higa, Procuradora de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, ha formulado oposición en cuanto al archivo de la causa en favor de las trabajadoras Rosa Edith Carrillo Romero y Tania Leonor Baca Escurra pues habrían adulterado documentos utilizados para trámites en la entidad registral; mientras que Richard Asmat Urcia apeló por el resto de autoridades y funcionarios de la Universidad, en el delito de cohecho.
Según información judicial, este recurso de apelación aún no ha sido tramitado y se resolverá, de acuerdo a la carga procesal, en los meses de julio y agosto a más tardar. “En esta carpeta de investigación, el Fiscal pidió archivar el delito de cohecho, el delito más grave que afrontaban dichas autoridades. La Sala Penal de Apelaciones tendrá la última palabra” acotó.