Editorial

PUEBLO EXIGE SANCIONES

Mayúscula y desagradable debió ser la sorpresa que se llevó el Director Nacional de la Academia de la Magistratura, Ernesto Lechuga Pino, al tomar conocimiento la semana que pasó del serio contratiempo que observa la Oficina Desconcentrada que hace solo un mes y medio ha instalado dicha institución en Chimbote.

Ello porque se ha descubierto que la Coordinadora que han designado para dirigir esta Oficina, encargada de la formación ética y académica de los aspirantes a la magistratura, se encuentra condenada por delito doloso por la justicia, y, tal parece que nadie había advertido que se encuentra legal y moralmente descalificada para asumir ese cargo.

Se trata de la abogada María Graciela Domínguez Gómez, quien de acuerdo a los documentos que ha expedido el Poder Judicial ha sido condenada por delito de Peculado doloso en agravio del estado, sentencia que ha quedado consentida y ejecutoriada luego que la Corte Suprema desestimara el recurso de casación que en instancia definitiva presentó la referida letrada.

La condena inicialmente establecida por el Juzgado de primera instancia estableció una pena de cuatro años de prisión suspendida y el pago de una reparación civil e inhabilitación de dos años después de cumplida la sentencia, sin embargo, la abogada y su co-investigada Emilia Teodora Achútegui Giraldo, plantearon un recurso de apelación ante la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior del Santa.

El 08 de Julio del año pasado, la Sala Penal confirma la condena y la revoca en cuanto a la dimensión de la pena, reduciéndola a dos años de prisión suspendida, un período de prueba por el mismo lapso de dos años, un año de inhabilitación para el ejercicio de cargo público y el pago de cuatro mil soles por concepto de reparación civil.

Atendiendo a la pluralidad de instancias, se supone que en esta fecha se inicia la ejecución de la pena, empero, la abogada planteó un recurso de casación con la finalidad que la Corte Suprema revise en instancia final este proceso penal, empero, el 06 de marzo de este año, es decir, hace solo dos meses, el máximo organismo jurisdiccional rechazó el recurso impugnatorio al no calificar para que pueda ser revisado en ese nivel, con lo que la condena de la abogada Domínguez Gómez quedó definitivamente oleada y sacramentada.

Se tiene que tener en cuenta que la Academia de la Magistratura administra en todo el país los programas de Formación Académica para magistrados, el PROFA que es un requisito esencial para los abogados que aspiran a recibir la investidura del estado para administrar justicia y para ello delega funciones en sus oficinas desconcentradas que se administran vía convenio con los Colegios de Abogados.

El objetivo de esta institución es capacitar, actualizar, certificar y acreditar a los abogados aspirantes así como a los propios magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, propiciando su formación ética y jurídica, su conciencia creadora y la permanente reflexión sobre el rol de administrar justicia y la contribución que ello significa en el desarrollo y progreso del país.

Por ello es que cuida meticulosamente que estos programas de formación académica se encuentren en las mejores manos, tiene la obligación de seleccionar exhaustivamente a los profesionales que se encuentren a cargo de esta delicada tarea, empero, todo indica que en Chimbote no pusieron el celo necesario y se han dejado llevar por el privilegio de la amistad y el compadrazgo.

De otra manera no se puede entender que se haya entregado este encargo a una abogada que ha sido descalificada por la propia administración de justicia a cuyos magistrados pretende capacitar y formar, más aun cuando la Academia de la Magistratura es una entidad de derecho público, se maneja y administra con recursos que destina el estado, por lo tanto, no pueden intervenir en su nombre o formar parte de ella quienes están condenados y hasta inhabilitados.

Inclusive, tal como lo ha precisado el Decano del Colegio de Abogados del Santa, Mirko Alva Galarreta, no existe ni siquiera la necesidad que esta sentencia esté considerada como una causal de exclusión para el ejercicio del cargo pues el solo hecho de haberse condenado a una persona la descalifica para desarrollar una tarea tan sensible como es la formación de los futuros magistrados.

Seguramente la Academia de la Magistratura tiene la ineludible obligación de realizar un proceso disciplinario para los efectos de establecer las razones por las cuales debería separar, cesar o destituir a quien no califica para estar al frente de su oficina desconcen-trada, sin embargo, lo que se debe determinar son las razones por las cuales se ha designado a una persona que no cumplía con los requisitos elementales para poder hacerse del cargo.

Y en este aspecto tiene mucha responsabilidad el ex decano del colegio de abogados Richard Villavicencio Saldaña, miembro de la Academia de la Magistratura en representación de los Colegios de Abogados de todo el país, quien a decir de las informaciones proporcionadas a nuestro medio de comunicación, estuvo a cargo del proceso de instalación de esta oficina y de la selección de quien estaría a cargo de la Coordinación,

De primera intención el Dr. Ernesto Lechuga Pino ha señalado que la condena ya se habría cumplido, lo cual no solo no es cierto sino que en nada cambia toda esta historia, las personas que han sido sentenciadas se rehabilitan por mandato de la ley pero se deben cumplir los periodos señalados en el fallo condenatorio y se tiene que dejar plenamente establecido la existencia de ese antecedente.

Si la abogada María Graciela Domínguez Gómez ha sido sentenciada en segunda instancia por la Sala Penal de Apelaciones el 08 de Julio del año 2016 a dos años de prisión suspendida, no entendemos cuando se ha cumplido con la pena, por el contrario, sin necesidad de precisar la fecha del rechazo de su casación, es evidente que la sentencia sigue aún vigente y debería estar cumpliéndose en los parámetros señalados en ella. 

La academia de la magistratura es una entidad señera y clave para la administración de justicia., no puede contaminarse de situaciones bochornosas como la comentada, lamentablemente a dos meses de haberse instalado ha dado un enorme paso atrás con este infortunado tema. Esperamos que pueda sacudirse pronto de todo esto.