Luego de tomarse el plazo que determina la ley, la Sala Penal de Apelaciones dio a conocer su decisión final en relación al delincuencial despojo de un inmueble al más puro estilo de “los Orellanitas” y confirmó en todos sus extremos la condena impuesta al abogado Henry Cruz Benitez a la pena de 8 años y dos meses de cárcel efectiva, ordenando su captura a nivel nacional en la medida que se encuentra prófugo de la justicia.
Junto a Cruz Benítez fue procesado el también abogado Luis Espinoza Garcés, quien se encuentra en calidad de prófugo de la justicia y por ello se le ha reservado la lectura de la sentencia hasta que sea capturado, empero, se trata de un elemento clave porque se coludió con Cruz Benítez para despojar un incluible mediante artificios.
Precisamente este acusado no habido, Luis Espinoza Garcés, administraba un Centro de Conciliación en el cual se tramitó una demanda de otorgamiento de escritura en contra de la Villa del Ingeniero, utilizando no solo un documento falso de una supuesta propiedad sino el nombre de una persona que ya había fallecido.
De esta manera, con notificaciones en direcciones falsas y con actuaciones fraudulentas, este centro de conciliación declara como propietario a José Luis Chapoñan Damián, una persona muerta, sin embargo, pese a ello aparecen los documentos cediéndole los derechos de esta conciliación al abogado Henry Cruz Benítez, el verdadero cerebro de este acto delincuencial que permitió despojar un inmueble a su legítimo propietario Elías Gilberto Infante Castañeda.
Justamente, este agraviado solo tomó conocimiento de estos actos fraudulentos cuando un buen día Henry Curz llegó a la vivienda acompañados de unos matones y lo desalojaron por la fuerza, mostrando los fraudulentos documentos tramitados por el centro de Conciliación y que, por esas cosas y vacíos que tiene la ley, les habían permitido registrar la propiedad a nombre del referido abogado.
De esta manera Cruz Benítez vendió el inmueble al empresario José Neyra Flores, a la sazón uno de los nueve y generosos donantes de Waldo Ríos Salcedo, quien se prestó a este fraude al comprar una vivienda que ni siquiera fue capaz de conocer por el interior porque sabía que estaba ocupada y debió cerciorarse legalmente si se trataba de una transacción legal y transparente.
Lo cierto es que de esta manera este pésimo abogado consiguió burlar la ley y se hizo de una fuerte cantidad de dinero vendiendo una casa ajena con documentos fraguados y obtenidos de un procedimiento simulado en un Centro de Conciliación., una jugada de corte tinterillesco que merece una drástica y categórica sanción con la finalidad de dejar sentado un precedente de legalidad en nuestra comunidad.
Precisamente, este hecho se conoce apenas unas semanas después que fueran capturados en nuestra ciudad más de una decena de sujetos, entre ellos abogados de profesión, que hicieron de esta clase de fraudes una modalidad de enriquecimiento, utilizaron los Centros de Conciliación para simular procedimientos de adquisiciones y despojaron una serie de terrenos que se encontraban vacíos y cuyos propietarios los mantenían a la expectativa de poder transferirlos u ocuparlos posteriormente.
Esta banda conocida como “Los Orellanitas”, por su accionar mafioso que se vale de las debilidades de la ley, estaba dirigida por un sujeto que había trabajado en la Caja del Pescador y como tal conocía perfectamente cuales eran los terrenos que se encontraban vacíos y que podían apropiarse mediante esta modalidad delictiva.
Uno de los integrantes de esta gavilla es Luis Espinoza Garcés, el abogado que se prestó a los manejos delincuenciales de Henry Cruz Benitez y que se encuentra requisitoriado no solo en este caso sino en el de los conocidos “orellanitas”.
Seguramente que este sujeto podrá mantenerse al margen de la ley por algún tiempo pero tarde o temprano la justicia le echará el guante y desde ese momento deberá responder con la misma drasticidad y contundencia con la cual los magistrados han sancionado a su co acusado Henry Cruz Benitez en la medida que los hechos que han cometido están calificados por la ley atendiendo a la naturaleza de su condición profesional.
De la misma manera, no se puede dejar de destacar la decisión de la administración de justicia de reponer y resarcir el derecho de los agraviados en vía de ejecución de la pena impuesta sin que se tenga que derivar al afectado a iniciar acciones civiles parta recuperar lo que le pertenece.
En tal sentido, la Segunda Sala Penal de Apelaciones también ha confirmado el extremo de la sentencia mediante la cual se dispone la nulidad de los asientos registrales que derivaron del fraudulento proceso de conciliación y de la posterior compra venta que se hizo en favor del empresario José Neira Flores, ordenando que en el acto se cumpla con devolver el inmueble a su legítimo propietario Elías Infante.
Esta decisión es una encomiable acción de justicia, se repone en la misma vía penal lo que se despojó al agraviado mediante maniobras delincuenciales que han sido sancionadas en esta misma instancia pues se ha acreditado no solo el derecho del agraviado sino, fundamentalmente, las maniobras delincuenciales que permitieron despojarlo mediante triquiñuelas del inmueble de su propiedad. Si ya está todo claro y acreditado no había razón para no reivindicar el derecho de una persona afectada por las maniobras de esa casta que se conoce como “delincuentes de cuello y corbata”.
Otro hecho que no puede soslayarse es que cuando se dictó esta sentencia a nivel de Juzgado, el abogado Henry Cruz Benites se encontraba trabajando en la SUNAFIL, una entidad de la Dirección de Trabajo en la cual se había infiltrado y sabe Dios que hechos pudo estar cometiendo en nombre del estado. Apenas le comunicaron de la drástica pena que había recibido desapareció y desde entonces vive a salto de mata.
En realidad, este era el previsible derrotero para un sujeto que renegó de su condición profesional y que utilizó sus conocimientos de la ley para infringirla y escamotearla. Que la Policía se encargue de capturarlo y teniendo una sentencia confirmada sería pertinente que lo incluyan en el programa de recompensas del Ministerio del Interior.