Desalojo de locales ilegales:
La Ley 30230, ley de simplificación de procedimientos, establece en sus artículos 65 y 66 que la recuperación de predios de propiedad estatal que se encuentren invadidos por terceras personas, solo requiere de un proceso extrajudicial de desalojo, el mismo que las municipalidades del país están en la obligación de hacer cumplir en el término de la distancia.
En el supuesto caso que las municipalidades no acaten este mandato legal, entonces corresponde a la Superintendencia de Bienes Nacionales, en su condición de ente rector del sistema de propiedad estatal, requerir al titular del lugar en conflicto, es decir al alcalde, para que, bajo responsabilidad, inicie la recuperación del predio en el término de cinco días hábiles. Ninguna otra disposición puede impedir o alienar el cumplimiento de este mandato.
Este comentario viene a raíz de lo que viene sucediendo en el caso del restaurant Rico Chimbote, que ya lleva más de treinta años ocupando ilegalmente un espacio destinado a área verde, que es propiedad del Estado, ubicado en la esquina de las avenidas Anchoveta y Brasil de la urbanización Santa Cristina de Nuevo Chimbote.
Pero resulta que, a lo largo de todo este tiempo, el restaurant Rico Chimbote sigue funcionando como si el área verde que ocupa fuese de su propiedad. Han pasado seis alcaldes por la municipalidad de Nuevo Chimbote, sin que ninguno de ellos haya sido capaz de poner las manos en este asunto. Eso demuestra que el propietario de este local, que ocupa un espacio de propiedad del estado, mantiene su condición de intocable.
Sin embargo, hace ya varias semanas está en manos de la comuna distrital una orden extrajudicial que ordena el desalojo de este establecimiento y que a estas alturas ya ha debido ejecutarse. Llama poderosamente la atención la falta no solo de voluntad sino también de autoridad que existe en los predios de la comuna distrital.
Se tiene conocimiento que en una reciente reunión, la procuradora de la comuna distrital, Ayli Luciano Loyola, ha informado al presidente de la Asociación de Moradores de la Urbanización Santa Cristina, Ronald Rubiños Guanilo, que su despacho inició un proceso judicial a efectos de proceder al desalojo del restaurant Rico Chimbote. ¿Pero para qué un proceso judicial, si mediante un proceso extrajudicial que ordena este procedimiento, con pleno arreglo a lo que dispone la Ley 30230, se puede realizar?. ¿Se está buscando tres pies al gato o existe el temor de hacer cumplir lo que la ley manda?. ¿Para qué crear más confusión, si sabemos que la duda favorece al infractor?.
Ante esta innecesaria contingencia, el presidente de los moradores de la urbanización Santa Cristina le ha solicitado al alcalde distrital, Walter Soto Campos, que desista de llevar adelante este proceso judicial que no se sabe cuánto tiempo puede tardar.
En todo caso, si no hay capacidad ni voluntad de imponer autoridad, lo mejor que puede hacer la municipalidad distrital de Nuevo Chimbote es dejar el asunto en manos de la Superintendencia de Bienes Nacionales. Después de todo, existe un convenio entre este organismo del estado y la comuna de Nuevo Chimbote que permite esta salida legal. Lo que importa es que, después de treinta años de ocupación ilegal, alguien tiene que hacer cumplir la ley.