POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
Era el 5 de abril de 1992 cuando el entonces Presidente de la República Alberto Fujimori anunció la disolución del Parlamento, así como la intervención de los demás poderes del Estado. Siete meses después, se eligió al Congreso Constituyente Democrático (CCD) encargado de elaborar la nueva Constitución. A pesar de la amplia mayoría oficialista, participaron hasta 8 fuerzas políticas opositoras. Fue así que, a fines de octubre del año siguiente, el Ejecutivo convocó a referéndum que aprobó la Carta Política elaborada por el CCD, la misma que fue promulgada el 29 de diciembre de 1993.
Como toda norma jurídica, nuestra Ley de Leyes no es férrea; es decir, inalterable, sino amoldable con el tiempo ante situaciones sociopolíticas ocurridas. En suma, la Constitución ha sufrido una serie de modificaciones, encontrándose entre ellas por ejemplo la Ley 28389, publicada en noviembre de 2004, que cerró definitivamente el régimen pensionario conocido como “Cédula Viva”; o la Ley 31878, que reconoció el derecho a internet libre en todo el país, promulgada en septiembre pasado.
Sin embargo, cuando de mezquindad y arrogancia se trata, tenemos a los caviares e izquierdistas, quienes comparten como similitud el odio al fujimorismo. Y esto se manifestó cuando en diciembre de 2001, durante el gobierno transitorio de Valentín Paniagua, expidieron una ley que retiró la firma de Fujimori Fujimori de la Norma Suprema. Pero, así como coinciden, también discrepan. Por un lado, la progresía se siente más o menos cómoda con la Carta Política (en realidad les interesa las consultorías estatales pagadas con jugosas cantidades de dinero de los peruanos); mientras que los radicales abogan por la derogación total; vale decir, la instalación de una Asamblea Constituyente que apruebe una Constitución de intervención estatal, con mínima (por no decir cero) inversión privada. Al mismo estilo de Maduro u Ortega, en Venezuela o Nicaragua, respectivamente. E ahí las inocultables palabras de la camarada Verónika Mendoza, cuando a fines de abril de 2022 soslayó que “… es una demanda legítima de amplios sectores del país y una necesidad evidenciada por la crisis profunda y múltiple que atravesamos”. Demagogia pura, y barata.
Lo cierto es que contra viento y marea, con harta turbulencia política, nuestra Constitución ha cumplido tres décadas. Y no pararemos de contar.