Corrupción regional:
No estamos facultados para conjeturar lo que sucede en otras regiones del país en lo que a hechos de corrupción se refiere; pero, por todo lo que ha sucedido durante el 2023 y años anteriores, podemos por lo menos intentar una deducción descarnada y bastante aproximada de lo que sucede en Ancash con relación al tema de corrupción.
Frente al índice de los delitos causados por la delincuencia común y organizada, el índice de los delitos de corrupción que registra la región Ancash, no se queda atrás. No hay un solo día del año en el que los hechos de corrupción que se producen a todo lo largo y ancho de nuestra región, no sean noticia de primera plana.
Por si fuera poco, por segundo año consecutivo Ancash se mantiene como la región con más casos de corrupción en todo el país; lo que ya debería llevarnos a demandar una actitud más enérgica frontal por parte de las instituciones que han sido creadas para desterrar esta lacra. Tal parece que la parsimonia que han puesto en evidencia estas instituciones, es un estímulo para que la corrupción siga su avance incontenible.
Al respecto, existe un hecho preexistente que no se puede dejar de mencionar. La suerte corrida por cuatro gobernadores ancashinos, elegidos por voto universal y voluntad popular, es una muestra patética de cuán equivocado estuvo el electorado de Ancash a la hora de emitir su voto. Antes de terminar su gestión, los cuatro gobernadores han terminado en la cárcel. Todos ellos por haber cometido delitos de corrupción. El primero fue Freddy Ghilardi Álvarez; le siguió César Álvarez Aguilar; luego vendría Waldo Ríos Salcedo y últimamente Juan Carlos Morillo Ulloa.
Todas las obras paralizadas, mal ejecutadas y sobrevaloradas que abundan en Ancash no son resultado de accidentes o desastres naturales. Son resultado del desastre de la corrupción. Pero a pesar de todo este padecimiento y ante la falta de sanciones severas y ejemplares, los hechos de corrupción se multiplican en distintos lugares de la región como pan de cada día.
Precisamente una de las primeras noticias del año que hemos dado a conocer en nuestra edición de ayer, confirma este teorema. Los funcionarios Joel Lino Méndez y Henry Molina Mendoza, ambos de la Sub Gerencia de Estudios e Inversiones del Gobierno Regional de Ancash, han sido señalados por la Contraloría General de la República de haber aprobado indebidamente un expediente técnico con el presupuesto inflado. Esta es una falta que ha ocasionado un perjuicio económico de S/832,430.53 en agravio del estado.
Según el informe 123-2023 del órgano de control, el susodicho expediente técnico pertenece a la obra de mejoramiento de pistas y veredas del caserío Santa Rosa, distrito de Yuracmarca, provincia de Huaylas; obra cuyo financiamiento está a cargo del gobierno regional de Ancash. La inflación presupuestal denunciada por Contraloría se debe al sobredimensionamiento del metrado de los trabajos de excavación y eliminación de material excedente. Lo que dice el expediente, no coincide con la realidad.
Se sabe que en este momento, el caso está en manos del procurador de la Contraloría General de la República, quien deberá formalizar la denuncia penal correspondiente, ante el Ministerio Público, para que se deslinden responsabilidades y se apliquen las sanciones correspondientes. Si esto no se hace, la corrupción regional será siendo noticia de todos los días.