Previsible final:
María Graciela Domínguez renunció a AMAG.
Se fue antes que la saquen. La abogada María Graciela Domínguez Gómez renunció al cargo de coordinadora de la oficina desconcentrada de la Academia de la Magistratura (AMAG), tras descubrirse que cuenta con una sentencia condenatoria de dos años de pena privativa de la libertad por el delito de peculado doloso en agravio del Estado.
El director general de la Academia de la Magistratura (AMAG), Dr. Ernesto Lechuga Pino confirmó esta noticia la mañana de ayer y aclaró que la renuncia no interfiere ni detiene el proceso disciplinario administrativo que se le sigue a la abogada Domínguez Gómez por no haber comunicado oportunamente que afrontaba un proceso judicial con sentencia en doble instancia, al momento de postular al cargo.
“La abogada María Graciela Domínguez Gómez ha dejado de pertenecer a la Academia de la Magistratura. En los últimos días ha presentado su carta de renuncia por motivos personales y ya no labora con nosotros. Esta desvinculación no impide que se continúe con el proceso administrativo por los hechos denunciados en la prensa de Chimbote” explicó el abogado Ernesto Lechuga.
Explicó que en los siguientes días se convocará a un nuevo concurso CAS con la finalidad de designar a una nueva coordinadora de la oficina desconcentrada de la Academia de la Magistratura en Chimbote, “por ahora, las actividades en Chimbote se maneja con la coordinadora nacional, Bertha Jannina Toro Briceño hasta que se culmine con el nuevo concurso público bajo la modalidad del CAS” acotó.
Como se sabe, la abogada María Graciela Domínguez Gómez, coordinadora de la AMAG- Chimbote, fue condenada penalmente el pasado 08 de julio de 2016 a dos 2 años de pena privativa de libertad suspendida por el mismo período de prueba de 2 años, además de 1 año de inhabilitación consistente en incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público, tras ser hallada culpable del delito de peculado doloso en agravio del Estado.
Domínguez Gómez recurrió en última instancia a la Corte Suprema de la Republica vía recurso de casación, sin embargo, el último 6 de marzo, se declaró inadmisible su pretensión y la condena penal en su contra, quedo ejecutoriada en instancia definitiva.