Lucha anticorrupción:
Conforme hemos dado conocer en nuestra edición de ayer, el procurador Anticorrupción de la provincia del Santa, abogado Richard Asmat Urcia, ha formalizado una denuncia penal contra dos ex funcionarios de la Municipalidad Distrital de Cochapetí, provincia de Huarmey, por presuntamente haberse coludido con una empresa contratista para beneficiarse con la ejecución de la obra de mejoramiento de la represa Quillanca, valorizada en la suma de 228 mil soles.
De otro lado, la Contraloría General de la República ha conminado al procurador de la municipalidad del distrito de Santa Rosa, provincia de Pallasca, para que haga lo propio contra los funcionarios municipales que resulten responsables de las irregularidades que se han cometido en la ejecución de la obra de mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado de la localidad de Miraflores, valorizada en 71 mil soles.
Como es de suponer, ambas denuncias están debidamente sustentadas con informes técnicos y legales que han puesto en evidencia una serie de irregularidades que se han cometido en la gestión y ejecución de ambas obras; hecho que, después de todo, ya parece ser una constante en lo que se refiere a la gestión pública de la región Ancash. Donde se pone el dedo, salta la pus.
Nada de extraordinario tendrían estas dos denuncias de presunta corrupción, si no fuera porque, por encima de ellas, existen otros casos irregulares de mayor trascendencia y de mucha mayor cuantía, que inexplicablemente se mantienen bajo la mesa.
Es difícil entender cómo es posible que la procuraduría y la misma fiscalía anticorrupción no hayan formalizado una denuncia semejante con relación a otros casos aún más graves y más escandalosos que los que se han denunciado en Cochapetí y Santa Rosa.
Es inconcebible que, ante este escenario, no se actúe con la misma drasticidad frente a lo que ha sucedido, por ejemplo, con las obras del hospital El Progreso y las avenidas Pardo y Costanera; donde se ha producido un perjuicio económico de más de 50 millones de soles contra el estado y la población de Chimbote. Y sin embargo, hasta hoy no pasa nada.
Desde nuestro modesto modo de pensar, creemos que mientras no se mida a todos con la misma vara, los hechos de presunta corrupción van a seguir produciéndose como pan de cada día, donde solo unos cuantos resultan ser privilegiados.