La Contraloría General determinó que funcionarios de la Empresa Prestadora de Servicio de Agua y Alcantarillado del Santa, Casma y Huarmey S.A (Sedachimbote) aprobaron, tramitaron y autorizaron pagos irregulares por concepto Bonificación por Escolaridad de los años 2019, 2020 y 2021 a favor de 24 servidores de confianza, lo que ocasionó un perjuicio de S/100 900 y la transgresión a la normativa vigente y aplicable.
De esta manera recomienda a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Áncash iniciar las acciones penales respectivas contra esos 24 servidores y ex servidores que se encuentran involucrados en los hechos.
En la lista de los servidores de confianza se encuentran Juan Bustamante Encinas, Manuel Rodríguez Senmache, Juan Sono Cabrera, Luis Castillo Bedón, César Crispín Aguirre, Oswaldo Cubas Morales, Julio de Paz Quiroz, Gianfranco García Durand, Simón Marcos Valle, Gina Ramírez Preciado, Danilo Sandoval Cabanillas, Wilson Zamudio Gutiérrez, Pedro Carreño Pajuelo, Cristina Rengifo Rodríguez, Luis Tapia Venturo, entre otros.
De la revisión y análisis de la documentación, se evidenció que los pagos irregulares fueron originados por la actuación del Directorio de la Empresa Prestadora de Servicio – EPS Sedachimbote, varios gerentes (General, de Administración y Finanzas, Planeamiento y Presupuesto, Asesoría Jurídica) y los jefes de Recursos Financieros y Recursos Humanos, según se detalla en Informe de Control Específico N° 012-2023-2-4164.
Durante el periodo 2019 y en el ejercicio de sus funciones, los miembros del Directorio y los mencionados funcionarios intervinieron en el proceso de aprobación, tramitación y efectuación del pago de S/1 450 por concepto de bonificación por escolaridad (beneficio económico proveniente de Convenios Colectivos), pese a que se encontraban excluidos de la aplicación de las negociaciones colectivas, lo que generó un perjuicio de S/25 200.
El informe precisa que los funcionarios en cargos de confianza se encuentran excluidos de percibir Bonificación por Escolaridad provenientes de Convenios Colectivos y Acuerdos de Directorio, conforme lo establece el artículo 42° de la Constitución Política del Perú de 1993 y el artículo 40° de la Ley n.° 30057 Ley del Servicio Civil.
Los pagos indebidos y en exceso continuaron en el 2020 y 2021. Esto ocasionó S/ 38 440 y S/ 37 300 de perjuicio cada año, respectivamente. A través de los acuerdos de directorio, se autorizó la suma de S/ 2000 como bonificación por escolaridad a favor de los 24 funcionarios de confianza.
Para ello, se usó como sustento legal una consulta referida a incrementos remunerativos realizada a la Dirección Nacional de Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Los hechos descritos contravinieron la Constitución Política del Perú, la Ley del Servicio Civil, el artículo 35 del capítulo IV Procedimiento Concursal de las EPS de la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento y la Ley de Presupuesto del Sector Público para los años fiscales 2019, 2020 y 2021.
Además, los decretos referidos a los presupuestos de los Organismos Públicos y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y aquellos que establecen las disposiciones reglamentarias para el otorgamiento de Bonificación por Escolaridad en dichos periodos.
El informe de control posterior fue elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de Sedachimbote. Este se encuentra publicado en el Buscador de Informes y fue comunicado al titular de la EPS para que se efectúe el deslinde de las responsabilidades administrativas que correspondan de los 14 funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos.