ARRUGA
La verdad es que resulta patética la situación en la que se encuentra la Sub Región Pacífico, a la luz de las cifras de obligaciones que tiene ante terceros y que la han colocado ya en una posición de riesgo frente a las acciones legales emprendidas por sus acreedores. Lo que llama la atención es que el gerente Christian Calderón, quien tiene apenas dos semanas en el cargo, señale que las deudas de esta entidad regional alcancen los 200 millones de soles y que 14 millones de ellos ya se encuentran en arbitraje, es decir, se trata de empresas que han apelado a los mecanismos legales para recuperar su inversión y que pretenden establecer una medida de garantía de embargo sobre los bienes o cuentas bancarias de la Sub Región. Claro que eso de “recuperar su inversión” es solo un formulismo pues lo que buscan resarcirse es del diezmo que debieron desembolsar para adjudicarse la buena pro, así que ahí tienen su castigo de haberse metido con una administración en la que se percibía corrupción por todos los poros. No cabe duda que el flamante gerente ha cogido una papa caliente, diríamos hirviendo, pero el volumen de las deudas llama poderosamente la atención, más aun cuando hace dos años atrás, cuando el “chef” Enrique Vargas asumió por primera vez la gobernación regional, en los primeros meses del 2015, dijo que las deudas de la región alcanzaban los 510 millones de soles, es decir, el doble de lo que ahora la Sub Región asume como sus obligaciones. Esperemos que el nuevo gerente y su equipo técnico consigan plantear una estrategia de persuasión a efectos de impedir que los consorcios que, alguna vez, fueron los felones de la Sub región, le tengan alguna consideración y no procedan a los embargos sino que se sancione una solución salomónica.
TITERE
No cabe duda que el todopoderoso Sindicato Histórico de Construcción Civil está llamado a quedar solo en eso, en historia del gremio laboral de ese rubro, pues en el plan que va pronto se quedará reducido a una mínima expresión. El último domingo, un numeroso grupo de obreros corroboró ante los periodistas lo que una semana antes habían adelantado cuando quemaron delante de las cámaras sus fichas y carnet de inscripción a este gremio en protesta por el manejo vertical y abusivo por parte de los directivos, pero antes que señalar directamente al secretario general, Segundo Villacorta, dirigieron el dedo acusador al directivo Jean Pierre Mondragón, como el elemento disociador y conflictivo, el que no solo genera las disputas internas y ha establecido el golpe y la amenaza como instrumento de disciplina interna sino que abusa de los derechos de los trabajadores. Pero lo que dicen los obreros disidentes, quienes han decidido formar un nuevo Sindicato, es que todas las asonadas y arremetidas que se concretan en las obras son decididas y dirigidas por el hijo del ex dirigente preso de Piedras Gordas, por ello no vacilaron en calificar a Villacorta como un títere del aprendiz que está llevando al gremio sindical al despeñadero, la verdad es que no faltan a la verdad y esto lo saben los reporteros que cubren las informaciones relacionadas con los enfrentamientos que se registran en la obras y en donde se ha visto que uno de los que más grita, presiona y amenaza es Mondragón, incluso, algunos se muestran extrañados que la Policía lo lleve enmarrocado pero a las pocas horas no solo está libre sino que hasta la fecha nadie sabe si le han abierto un proceso penal que se lo merece en cantidad. Así las cosas pronto tendremos más sindicatos que obreros mismos.
CHIPS
Las autoridades del INPE tienen que proponer con urgencia a los congresistas o los organismos que tengan iniciativa legislativa, la elaboración de un proyecto de ley que modifique las penas para los delitos contra la administración pública como es el pretendido ingreso de chips de teléfonos celulares a los centros penitenciarios pues, por lo menos, en Cambio Puente se ha convertido en una pésima mala costumbre. Decenas de féminas han sido sorprendidas cuando trataban de ingresar estos aditamentos entre sus pertenencias, las han llevado a las comisarías, les han elaborado partes policiales las han denunciado, las han enjuiciado pero al final las penas son menores y no implican las privaciones de libertad. Por ello es que esta modalidad se ha incrementado, nuestro Diario no deja de recibir cada fin de semana los resultados de estos operativos, de allí que algo se tiene que hacer para endurecer las penas de estos delitos, porque las mujeres se aprovechan de la precariedad de la ley.