El integrante del frente de Defensa de la Universidad San Pedro, Dr. Guillermo Barrantes Reyes, ha demandado el último fin de semana que se imponga un cambio total en la mencionada casa universitaria y frente a la acefalía que afronta por la condena impuesta a su rector, quien se encuentra como prófugo de la justicia, se deberían adelantar las elecciones o establecer un gobierno transitorio.
Las afirmación del conocido profesional se dio en un contexto delicado luego que se revelara públicamente que el mencionado rector se valía de los recursos de la Universidad para protegerse de los problemas judiciales que le generaba su accionar ilegal y arbitrario, no solo en el manejo del presupuesto sino en el nivel académico y hasta en su ambición por mantenerse en el cargo.
Nos referimos a los documentos que han demostrado el pasado fin de semana que el rector José María Huamán estaba pagando nada menos que la suma de seis mil soles mensuales al asesor de un Vocal de la Corte Suprema por una supuesta asesoría académica que nadie sabe en que consistía.
Lo cierto es que este personaje representaría el engranaje de influencias del cual se valía el rector para sortear las difíciles contingencias judiciales, de allí que ahora se entendería las razones por las cuales todas las denuncias que se han sustanciado en su contra pasaban por agua caliente, la mayoría ha rebotado en los juzgados, otras se han dilatado de manera escandalosa y en algunos expedientes se ha permitido que la autoridad universitaria haga tabla rasa de la ley.
Seguramente que ahora algunos ex docentes que fueron echados de la peor manera por Huamán Ruiz por haber cometido el pecado de no alinearse a su política de abuso y autoritarismo, entienden cómo es que después de haber ganado las acciones de amparo y de haberse ordenado su reposición estos mandatos judiciales definitivos nunca se cumplían, no solo por rebeldía del rector sino por maniobras que destrozaban la estructura legal pero con jueces permisivos se hacían de la vista gorda.
Esto ha sido materia de información en los medios locales, como también se ha informado de la muchas denuncias que se formularon contra el rector y los funcionarios de su entorno pero las cuales se empantanaban en determinado instancia y se dilataron de manera escandalosa, como el caso de las asesorías fantasmas que recién después de algunos años ha concluido con sentencia condenatoria por una Juez que ahora es víctima de una batería judicial que trata de perjudicarla.
Otros casos, como el de lavado de activos o de la inscripción ilegal de la reelección del rector, fueron escandalosamente archivados a pesar de las muchas pruebas y evidencias que existen en los expedientes, justamente, en estos días la Sala Penal debe revisar estos casos que encontraron una extraña anuencia en los juzgados de primera instancia.
La única manera de justificar esas resoluciones que sostenían un régimen de abuso e ilegalidad en la Universidad San Pedro fue, justamente, la existencia de alguna influencia en los altos cielos del poder del organismo jurisdiccional y ahora se descubre que el asesor de un vocal supremo y actualmente secretario general de la Corte Suprema, Reiser Baldomero López Espinoza, había sido ventajosamente contratado por el rector y ganaba un jugoso sueldo por una actividad que nadie conoce.
El aludido era por entonces asesor del Juez Supremo Duberli Rodríguez Tineo, quien es a la fecha Presidente de la Corte Suprema, como tal sus influencias son evidentes dentro del organismo jurisdiccional y en ellas se sustentaría ahora las arremetidas judiciales del rector desde la clandestinidad y con las cuales pretende no solo anular el fallo condenatorio sino limpiarse de un grave antecedente judicial que le impediría volver a postular por la re reelección en el cargo.
Hay quienes consideran que la contratación del asesor del Vocal Supremo tiene las mismas connotaciones y características de aquellos de los denominados “asesores fantasmas”, los abogados que se prestaron a un juego delincuencial de extender comprobantes de pago por supuestos trabajos legales que nunca realizaron, en los cuales se determinó que no solo no presentaron un solo escrito sino que los contratos se elaboraron cuando ya los procesos judiciales habían concluido, lo que quiere decir que aquellos solo representaban un maquillaje para justificar el egreso ilícito de dineros que fueron a parar a los bolsillos de quienes urdieron este macabro plan.
Ahora el objetivo del contrato fantasma es la obtención de influencias al interior del Poder Judicial, beneficios que en nada favorecen a la Universidad pero que sí afectan su patrimonio, de allí que los gremios que defienden a la casa universitaria deberían evaluar la formulación de denuncias ante un presunto fraude en los manejos de los recursos de este castigado claustro universitario.
De la misma manera, ahora que se conoce como se ha tejido el manejo de influencias en la Universidad San Pedro y como es que se llegaron a infiltrar en los altos cielos del organismo jurisdiccional, las instancias judiciales que mantienen procesos penales en contra de las autoridades universitarias deberán evaluar detenidamente cada uno de esos casos y fallar de acuerdoÂÂ lo que establece la ley, más aun cuando las miradas de toda la comunidad académica y de la población misma estarán puestas sobre lo que decidan.
No sabemos si lo que viene ocurriendo a nivel jurisdiccional es solo una coincidencia o es producto de ese inmoral sistema del tráfico de influencias que se deriva de contratos suspicaces a asesores de magistrados supremos, empero, no puede dejar de llamar la atención que la juez que dejó de lado las llamadas y los pedidos extrajudiciales y que condenó al rector Huamán por el fraude de las asesorías fantasmas, viene siendo objeto de un fusilamiento de cariz tinterillesco al recibir hasta tres habeas corpus, mientras que a los jueces que archivaron los casos de lavado de activos o de la fraudulenta inscripción de la reelección de rector no les sucede absolutamente nada, están tranquilos a pesar de los serios cuestionamientos a sus decisiones.
Veremos qué es lo que sucede en estos días, está pendiente la revisión de la condena al rector y de los archivos de otras dos denuncias, esperemos que ya no sigan funcionando los llamados asesores encubiertos.