En plena pandemia del covid-19, luego que el gobierno central dispusiera a nivel nacional el cierre de mercados y otros centros de abasto, la gestión del ex alcalde de Nuevo Chimbote, Domingo Caldas Egúsquiza, autorizó a un aproximado de cien pequeños comerciantes de artículos de primera necesidad, a instalarse en la intersección de las avenidas Prolongación Pacifico y Los Alcatraces, donde levantaron sus puestos de venta y bautizaron el lugar con el sugestivo nombre de “La Perlita del Sur”.
Conforme lo había dispuesto el gobierno, esta ocupación tenía el carácter de provisional y el compromiso entre la municipalidad y los comerciantes era concluyente: tan pronto como se levantara la situación de emergencia sanitaria, el terreno debía ser inmediatamente desocupado. Palabra empeñada.
Sin embargo, ha pasado ya buen tiempo desde que la situación de emergencia dejó de ser tal, pero hasta hoy los comerciantes de “La Perlita del Sur”, que ahora afirman ser cuatrocientos, no solo se mantienen en el mismo lugar sino también han solicitado garantías ante la Sub Prefectura para evitar ser desalojados. Alguien debe haberles advertido que esa es la intención de la actual gestión municipal, toda vez que muy pronto se ejecutará la obra de pistas y veredas en esa transitada intersección de Nuevo Chimbote.
En otro escenario pero bajo las mismas condiciones, la comuna sureña permitió asimismo que muchos propietarios de restaurantes, cafeterías y establecimientos afines que se ubican a lo largo de de la avenida Argentina, ocupen parte de la vía pública para poder atender en forma provisional a sus clientes. Pero igual, a pesar del tiempo transcurrido, hasta hoy continúan ocupando la vía pública, poniendo en grave riesgo al tránsito peatonal y vehicular.
Lo propio ha sucedido con los comerciantes informales de la ex Parada El Progreso quienes fueron desalojados para dar paso a la construcción del hospital del mismo nombre. Luego de permanecer unos días en el desaparecido parque Paúl Harris, finalmente fueron autorizados por la Municipalidad Provincial del Santa a ocupar, también en forma provisional, el gramado del estadio Manuel Gómez Arellano. Pero ahora se afirma que los comerciantes ahí instalados ya no tienen la menor intención de desocupar el lugar, tanto así que varios de ellos, como si ya fueran legítimos propietarios, han empezado a traspasar y subarrendar sus puestos de venta.
La última de estas desafortunadas experiencias post pandémicas fue la que protagonizaron los comerciantes que ocupaban temporalmente las cuadras 3 y 4 del céntrico jirón Tumbes de Chimbote y que, bajo ningún concepto, aceptaban retirar del lugar. Para desalojarlos, la comuna provincial se vio obligada a solicitar el apoyo de la fuerza pública.
Por más de una razón, estos hechos deben ser motivo de alerta. Muchas de estas ocupaciones provisionales, finalmente se han convertido en propiedad privada. Ahí está, por ejemplo, el caso del restaurant Rico Chimbote, que ya lleva más de treinta años funcionando en la vía pública, y el mercado Ferrocarril que hace ya muchos años ocupa un terreno de propiedad de la Universidad Nacional del Santa destinado para la construcción de un complejo cultural.
Pensamos que, en la medida que las atribuciones municipales no sean suficiente para imponer la ley y el orden, entonces ahí están el Ministerio Público y el Poder Judicial para garantizar el estado de derecho. Es inconcebible aceptar que para el comercio informal nada sea provisional.