Editorial

Cerrar el caño no detiene robo del agua

La verdad de Chinecas:

Como sucede un día sí y otro también, el domingo último  inspectores del proyecto especial Chinecas denunciaron ante la Policía Nacional un hecho delictivo que se ha vuelto tan dañino y cotidiano como el robo de celulares. Personas inescrupulosas, mejor dicho invasores, destruyeron esa madrugada candados y cadenas de una de las compuertas del canal La Huaca-Nepeña, ubicada en la zona La Carbonera,  con el consabido afán de sustraer agua a su regalada gana a fin de irrigar sus sembríos.

Actos ilícitos de esta naturaleza se han  incrementado en los últimos días como  consecuencia  de los operativos realizados en forma aislada por personal de Chinecas. Estos operativos han conllevado a la destrucción de puentes y sifones que por más de treinta años los invasores del proyecto acostumbran  instalar sin pedir permiso a nadie, ante la vista y paciencia de propios y extraños.

Frente a semejante insolencia, nada puede ser más ingenuo que creer que la destrucción de estos implementos clandestinos y la colocación de candados en las compuertas, es suficiente para frenar  el accionar ilegal  y desafiante de los invasores. Gracias a toda la tolerancia de la que disfrutan, hasta hoy éstos se ufanan de mantenerse en la condición de intocables y razón no les falta. Nada ni nadie, puede contra ellos.

Ello no obstante, ya es tiempo de revertir esta situación si es que realmente se pretende hacer de Chinecas un proyecto viable, como el que se promete a cada momento. Ya es hora de sacudirse de toda esta ilegalidad y de tomar al toro por las astas.

Tanto en los archivos  como en el sistema informático del proyecto de irrigación,  existe un padrón oficial con el nombre y la cantidad de hectáreas adjudicadas a cada uno de los agricultores formales. Nos referimos a  aquellos que no solamente han pagado al estado el precio de la tierra que poseen y que pagan puntualmente por el volumen de agua que utilizan, sino también que  aparecen registrados en sus respectivas  juntas de usuarios o regantes y además pagan religiosamente impuestos al estado.

No hace falta ser adivinos para concluir que, en paralelo a esta demostración de formalidad, existe otra información con el nombre y la cantidad de hectáreas  que posee cada uno de los agricultores  invasores, muchos de los cuales ya llevan ahí más de treinta años. Según cálculos oficiales, se estima que alrededor del 40 por ciento de las tierras de Chinecas, están ocupadas en forma ilegal. Y esto tiene que acabar.

Por todo lo que estamos viendo últimamente en el escenario nacional, mientras Chinecas se mantenga abrumado por esta situación de informalidad, difícilmente podrá ser considerado un proyecto viable, con el riesgo de mantenerse toda la vida en la puerta del horno.

La pregunta que se cae de madura es ¿por qué entonces la procuraduría del gobierno regional, propietario de las tierras de Chinecas, no formaliza una denuncia penal contra estos ocupantes ilegales?.  ¿A qué o a quién le teme?. ¿No son acaso el Ministerio Público y el Poder Judicial los encargados de imponer y garantizar el estado de derecho?.

Definitivamente, la solución al problema de los invasores y al robo de agua, no está en cerrar el caño como lo viene haciendo Chinecas. La solución está en denunciar penalmente a quienes cometen este delito. No es justo que Chinecas haya metido en un mismo saco a agricultores formales, quienes cumplen con todos sus derechos y obligaciones, y agricultores que se mantienen al margen de la legalidad. Unos y otros son harina de costales diferentes.