El canon minero, que representa el 50% del Impuesto a la Renta tributado por las empresas mineras al Estado, ascendió a S/5,218 millones en el 2023 hasta noviembre, según datos del Ministerio de Energía y Minas.
El sistema de repartición del canon minero está establecido por porcentajes diferenciados entre niveles de gobierno. Este mecanismo ha permitido que la Municipalidad Distrital de San Marcos, en Ancash, tenga la cantidad de recursos para proyectos de inversión más alta en todo el Estado. En el 2023, tuvo asignado S/ 678.2 millones, pero solo pudo ejecutar el 36.2% de ese presupuesto.
Por ejemplos como ese, Raúl Molina, exviceministro de Gobernanza Territorial, considera un sinsentido seguir manteniendo el mismo sistema de entrega del canon minero. “Es absurdo tener congelada esa cantidad de dinero en un pequeño municipio de 15,000 habitantes en un país como el nuestro”.
Por ello, propone que se replantee su asignación mediante “fondos intertemporales”. “Lo que se plantea es que el dinero se entregue por partes según la necesidad presupuestal y lo que se disponga esté mejor relacionado con su capacidad de gestión”.
La reforma que plantea junto a Darío Zegarra, primer vicepresidente del IIMP, también incluye la discusión sobre un segundo aspecto: si los recursos generados por el canon minero, al provenir de la explotación de recursos naturales, podrían ser destinados no solo a las zonas de influencia.
“Falta consenso sobre ello. Los recursos naturales son de todos según la Constitución. Podría contribuir al cierre de brechas en todo el país, como hizo Colombia”.
Otro mecanismo señalado en su propuesta de mejora para la gestión de conflictos sociales es la consulta previa. “La idea es adelantar la consulta previa a la etapa de exploración minera”, coinciden. (Tomado de Gestión 26/1)