En Municipalidad Provincial de Huaylas:
Veintiún funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de Huaylas se encuentran advertidos con responsabilidad penal tras haber participado en hechos de presunta irregularidad durante la ejecución de obra relacionada al mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del caso urbano de la ciudad de Caraz, que originaron un perjuicio total de S/ 5’989,840 soles.
Previamente, se dio cuenta que, durante el desarrollo de la auditoría de cumplimiento, se identificaron algunas acciones como que, la Entidad no preserva los materiales y las estructuras de concreto armado del reactor anaeróbico de flujo ascendente y el reservorio ejecutado parcialmente; encontrándose expuesto a la intemperie, debilitando las mismas y poniendo en riesgo su vida útil.
Del mismo modo, las deficiencias en la gestión del acervo documentario por parte de la entidad, afectaron la preservación y conservación de los actuados durante la ejecución de la Adenda N° 2 al Contrato de Consultoría N° 036-2018-MPHy-CZ para la elaboración del expediente técnico, lo que limitó la trazabilidad, transparencia y rendición de cuentas en la actuación de los funcionarios y servidores públicos.
Según el Informe de Auditoría N° 062-2023-CG/OCI-AC, existen dos observaciones en las que están involucrados tanto funcionarios y servidores de la Municipalidad. En la primera, servidores públicos elaboraron las bases administrativas sin considerar las bases estándar y lo integraron favoreciendo al único postor otorgándole la buena pro.
Asimismo, suscribieron el contrato sin cumplir los requisitos establecidos; tramitaron, aprobaron y pagaron por la elaboración del expediente técnico, pese a que no contenía lo requerido en los términos de referencia y el reglamento nacional de Edificaciones; generando un perjuicio económico de S/. 348,477.15 soles.
Bajo esta observación, se encuentran involucrados los nombres de doce servidores públicos como son: Vicente Elmer Rodríguez Rodríguez (Gerente municipal); Juan Oscar Robles Sartori, Santiago Nicanor Espinoza Matumay, William Jhosvel García Santander (Gerente de Desarrollo Urbano y Rural); Lourdes Isabel Villafranca Mosquera (Gerente de Asesoría Jurídica); Angélica Melicia Carbajo Murga, Roger Benito Sánchez Montero (Jefe de la unidad de Obras y Liquidaciones); Dennys Michelangelo León Ulloa (Presidente del Comité de Selección); Nei Sonia Morales Aguas (Primer Miembro del Comité de Selección); Inés Lucia Enrique Mejía (Segundo miembro del comité de selección) y Santos Vicente Arellan López (Jefe de la Unidad de Logística).
En ese sentido, el comité de selección elaboró y aprobó las bases administrativas inobservando lo establecido en las bases estándar para los procedimientos de selección, posteriormente los integró sin la aprobación de la Gerencia Municipal, acogiendo las observaciones a la metodología de pago en ventaja del único postor y modificando los términos de referencia. Asimismo, el comité de selección admitió la propuesta del Consorcio Saneamiento Caraz; pese que los certificados de ocho profesionales propuestos no cumplían con acreditar su experiencia solicitada en las bases integradas.
En una segunda instancia, funcionarios y servidores públicos no tramitaron la nulidad y la resolución del contrato para la ejecución de la obra; pese a la falsedad del contrato de consorcio y la carta de fianza para el adelanto de materiales presentado por el contratista Consorcio Nuevo Caraz; asimismo, conciliaron para que la Entidad asuma las deudas del contratista, sin mantener deuda alguna.
Además, tramitaron y aprobaron la liquidación de obra reconocimiento y pagando 6,387.48 metros de tubería PVC del sistema de agua potable y alcantarillado no entregadas a la Entidad y por ejecución de partidas del adicional de obra, no aprobadas por la Entidad; generando presunto perjuicio económico de S/. 5’641,362.81 soles.
Dentro de los funcionarios y servidores públicos involucrados son: Esteban Zósimo Florentino Tranca (Alcalde municipal); Adilson Roosevelt Castillo Miranda (Procurador municipal); Andrés Fernando Córdova Buitrón, Emma Andrea Castillo López, Berzeluis Becket Ortiz Villanueva (Gerente Municipal); Javier Chaupe Hernández (Gerente de Desarrollo Urbano y Rural); Edgar Daniel León Rosales, Elizabeth Patricia Altamirano Ponce (Gerente de Asesoría Jurídica) y Luis Alfredo Álvarez Alcedo (Jefe de la Unidad de Obras y Liquidaciones).
Por ello, se ha pedido que varios entes gubernamentales intervengan tras la publicación del informe de auditoría, como el titular de la Municipalidad Provincial de Huaylas; para disponer acciones necesarias para desligar las responsabilidades que correspondan, así como disponer la aprobación de una directiva para la custodia, archivamiento y conservación de los documentos.
La Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Ancash deberá iniciar acciones penales en contra de los funcionarios y servidores involucrados con la finalidad de determinar responsabilidades. Del mismo modo, el Tribunal de Contrataciones del Estado iniciará el procedimiento administrativo sancionador por la presunta comisión de la infracción consistente en presentar documentos falos o adulterados a la Municipalidad Provincial de Huaylas.
Finalmente, debe ponerse conocimiento sobre el presente informe al Concejo Municipal de la referida municipalidad para disponer el inicio de las acciones que correspondan; así como al Director Ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano e iniciar con las acciones con respecto a la deficiente evaluación y supervisión de la elaboración del expediente técnico.