La Policía Nacional del Perú es una institución señera en nuestro país que tiene la noble misión de garantizar, mantener y restablecer el orden interno, prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad, garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado, prevenir, investigar y combatir la delincuencia.
Por lo menos esto es lo que siempre nos enseñaron en casa y en la escuela, más aun cuando desde niños vimos en el Policía a aquel buen hombre que tenía la delicada tarea de defender a la sociedad y a las personas, fue siempre un prototipo para quienes lo conocíamos desde niño y un ejemplo a imitar.
Lamentablemente se fue dejando de lado poco a poco la imagen del buen Policía, del hombre probo y correcto y de la autoridad a la que deberíamos respetar siempre pues en el curso de los años hemos visto como la institución tutelar se ha visto invadida de malos elementos, algunos delincuentes infiltrados que utilizaron el uniforme para delinquir y en otros casos sujetos que la descalificaron a través de actos de corrupción y de excesos que se cometen en el ejercicio de sus funciones.
En nuestra ciudad el año pasado cuatro efectivos de la Policía Nacional fueron involucrados en una investigación que derivó en una orden de prisión preventiva de nueve meses que los ha llevado, desde entonces, a la clandestinidad.
Estos efectivos policiales pertenecieron a la sección de investigación criminal y han sido acusados de haber vendido información reservada a la mafia del narcotráfico, específicamente a la banda que manejó a lo largo de 30 años el negocio de la venta de estupefacientes en la zona conocida como “La Antena”.
Pero estos efectivos policiales no fueron los únicos, un sub oficial superior también fue encarcelado al ser involucrado en la investigación de la banda conocida como “Los sanguinarios de Coishco”, a la cual según los cargos favoreció desde la posición que se encontraba en la institución tutelar, inclusive, un arma de fuego que se le incautó en su poder y que fue incautada habría sido utilizada en el accionar de la banda criminal.
La medida judicial se dictó luego que el Sub oficial Huallanca alegó que se trataba de un arma que la tenía guardada por más de un año al haberla llevado por error a su domicilio, sin embargo, la pericia balística practicada al armamento demostró que había sido recientemente utilizada, por lo que su versión quedó descalificada.
Sin embargo, esos hechos que la Policía calificó como aislados, no fueron los únicos que han alterado la buena imagen de la Policía Nacional, por el contrario, se han sucedido nuevos hechos que no solo deslucen el buen concepto público de la institución sino que ponen de manifiesto que ya no es una organización confiable para nadie.
Por ejemplo, esta semana se han revelado dos hechos que no deben dejar de preocupar a los altos mandos de la institución pues en un primer caso dos ofíciales y cinco sub oficiales han sido emplazados por la Segunda Sala Penal de Apelaciones al declararse fundado un recurso de Habeas Corpus planteado por un detenido que acusó haber sido objeto de una detención arbitraria por parte de los efectivos policiales.
Ello porque los Policías son los mismos que el pasado mes de abril detuvieron en una efectiva incursión a dos jóvenes en los mismos instantes que asaltaban una Farmacia, fue un delito “in fraganti” que fue destacado por los medios de comunicación, sin embargo, a estos dos detenidos denominados “los Boticarios”, sumaron a Alan Rimchae Castillo, un joven al cual detuvieron cuando salía de una cabina de internet y lo involucraron en esta banda sin razón alguna pero consignando que al momento de intervenirlo le hallaron en el bolsillo izquierdo del short una bolsa con droga y municiones.
La pésima actuación de estos efectivos policiales se puso al descubierto cuando la fiscal Lucía Vidal realizó la diligencia de verificación del detenido y del acta de incautación y observó que el joven vestía un short que no tenía bolsillo izquierdo, apenas tenía un pequeño bolsillo posterior en donde no caben las especies incautadas.
Esta observación coincidía con el alegato del detenido que repetía que le habían sembrado los objetos incautados, por lo que la Fiscal dejó constancia de este hecho y con dicho documento se ha puesto en evidencia el ilícito accionar de los Policías que trataron de involucrar a un inocente en una banda criminal y para ello le colocaron especies que jamás le incautaron.
El otro caso lo denunció el abogado Víctor Chero Maldonado, quien señaló que efectivos policial al mando del efectivo Vicente Ferrer Recalde, le exigieron dinero a los familiares de su patrocinado para no empapelarlo en el marco de una investigación en la que se vio involucrado por presunto acoso a una menor de edad, de tal suerte que al no haber aceptado sus presiones lo incriminaron y ahora afronta una orden de prisión.
El abogado mostró un voucher correspondiente a un depositó de 400 soles que la familia se vio precisada a depositarle al mencionado custodio, así como documentos en los que se pone de manifiesto el interés evidente de los Policías por involucrar al detenido.
Es realmente incomprensible conocer que elementos de la Policía Nacional se vean involucrados en esta clase de hechos de exceso y corrupción, cierto es que se tratan de imputaciones que deben ser sometidas a una investigación para los efectos de deslindar responsabilidades, empero, tal como se han descrito los hechos es evidente que existen fundados indicios como para colegir que ha existido un ánimo de infringir el rol policial para beneficiarse o para justificar actuaciones irregulares.
Sea como fuere es impostergable que el Poder Judicial y la propia Policía investigue estos hechos y determinen si realmente existe responsabilidad en los efectivos policiales, si los ciudadanos esperamos mucho de nuestro Policía, si depositamos en ellos nuestra confianza para tener las suficientes garantías de seguridad, no es factible que aparezcan algunos que traicionen estos postulados para satisfacer sus ambiciones de lucro y poder. Si los Policías que han sido denunciados la última semana tienen responsabilidad en los cargos que los sancionen con doble pena, una por el delito que han cometido y otra por traicionar la confianza que depositó el Pueblo al entregarle el uniforme. No se puede ignorar una vez más este problema de nunca acabar en la Policía.