IPE:
En el 2023, la tasa de pobreza en el Perú se incrementó a 29.0%, acumulando dos años de aumentos consecutivos y ubicándose en niveles muy cercanos a los alcanzados durante la pandemia del 2020 (30.1%). Esta subida se registró en un contexto de recesión económica, choques climáticos adversos y de presiones inflacionarias aún elevadas en la canasta de básica de alimentos, los cuales perjudicaron significativamente a los hogares de menores recursos en las zonas urbanas del país.
Los resultados revelan que la pobreza se ubicó en el 2023 muy por encima de las tasas que se alcanzaron antes de la pandemia (20.2%), lo cual implica un retroceso a niveles que no se registraban desde el 2010. Con ello, 3 millones 290 mil personas han caído en situación de pobreza desde el 2019. Además, la pobreza extrema retrocedió a 5.7%, alcanzando su peor resultado desde 2012, incluso mayor que en la pandemia del 2020 (5.1%).
El deterioro en las condiciones de vida registrado el año pasado se concentró nuevamente en el área urbana, donde la tasa de pobreza se incrementó a 26.4%, cifra que supera al pico causado por la pandemia (26.0%) y que representa el nivel más alto desde el 2007. Por el contrario, la pobreza en las zonas rurales registró una caída a 39.8%, luego de haberse incrementado a 41.1% en el 2022. De esta manera, la pobreza continúa reconfigurándose como un fenómeno que afecta cada vez más a los hogares urbanos del país. Así, en 2023 se registran 3.5 millones más de pobres urbanos que en 2019 y las zonas urbanas pasaron de concentrar el 56.7% de la población pobre al 73% en ese periodo.
A nivel regional, durante el 2023 la pobreza se incrementó en 21 de 25 regiones a nivel nacional. En regiones como Ucayali, Tumbes, Lambayeque y Loreto, por ejemplo, las tasas de pobreza aumentaron en casi 4 puntos porcentuales en promedio durante el 2023. Mas aún, en siete regiones la pobreza escaló a niveles inclusive superiores a los registrados durante la pandemia, las cuales incluyen a Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Tacna, Lambayeque, Cajamarca y Lima Metropolitana. Entre estos casos, el más alarmante es el de Loreto, donde la pobreza se ha incrementado desde el 2020 en más de 10 puntos porcentuales a 43.5% en el 2023.
La dinámica trimestral de la pobreza a lo largo del 2023 muestra un deterioro significativo en el primer y último trimestre del año pasado, tanto en el ámbito urbano como rural. Con ello, los hogares peruanos habrían iniciado el 2024 con condiciones de vida casi igual de precarias a las que se registraron al comienzo del 2021 tras la pandemia. Los resultados ponen en evidencia los efectos que tuvieron los continuos choques adversos que experimentó la economía peruana a lo largo del 2023. Estos iniciaron con el periodo de alta conflictividad social que afectó persistentemente a la inversión privada en el inicio del año, y se prolongó con los choques climáticos que perjudicaron en mayor medida a la actividad agrícola y pesca industrial en el resto del 2023.
La reducción de la pobreza a los niveles alcanzados previo a la pandemia requiere de un entorno favorable para la inversión privada que permita mayor crecimiento económico, crear mejores empleos y, con ello, que las familias obtengan mayores ingresos. Así, en el periodo 2004-2013, cuando la inversión privada creció cerca de 14% anual, la tasa de pobreza se redujo en promedio 4 puntos porcentuales cada año.
Si el Perú continúa exhibiendo tasas de crecimiento de la economía de 3.0% al año – tal como prevé el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) –, el Instituto Peruano de Economía (IPE) estima que desde las tasas de pobreza del 2023 tomaría alrededor de dos décadas regresar a los niveles registrados previo a la pandemia. Este escenario exige la adopción de políticas y acciones concretas que faciliten la ejecución de proyectos de inversión de mayor envergadura que se encuentran paralizados en ámbitos como minería, gas, irrigación e infraestructura. En ese sentido, la crisis política aun persistente no permitirá una recuperación de la inversión privada. Este mayor crecimiento deberá ser acompañado de estrategias de política cada vez más focalizadas para atender el fuerte incremento de la pobreza urbana, y mejorar la cobertura y la calidad de servicios básicos en el ámbito rural.