El dilema de Chinecas:
Solo en lo que va de transcurrido el presente año, se han producido hasta dos nuevos casos, conocidos a través de la prensa, donde la manzana de la discordia es la invasión y el negociado de las tierras de Chinecas. Dos rayas más que se suman a las ya incontables malas experiencias . El más saltante de estos hechos tuvo lugar cuando un grupo de trabajadores de la Corte Superior de Justicia y de la Fiscalía Provincial del Santa, entre quienes habría un buen número de magistrados, fueron sorprendidos en pleno “sorteo de lotes de vivienda” en un terreno de 60 hectáreas de propiedad de Chinecas, que supuestamente estarían destinadas para la implementación de un proyecto habitacional se viene promocionando con el nombre de “Villa del Universitario”.
En el momento de la intervención, los trabajadores de ambas dependencias judiciales, agrupados en una asociación de pro vivienda, se apresuraron a argumentar que las 60 hectáreas fueron adquiridas para este fin a la comunidad de Indígenas de Chimbote y Coishco, una institución totalmente cuestionada e ilegal dedicada única y exclusivamente al tráfico de tierras. Y eso podía advertir ante la presencia en un pequeño mural, cuya fotografía ilustró la información que apareció en el DIARIO DE CHIMBOTE.
Hace unas semanas, con más o menos el mismo argumento otro grupo de invasores realizó un plantón frente a las oficinas de Chinecas para exigir que se cumpla el ofrecimiento que les habría hecho el ex gobernador regional Henry Borja Cruzado. Según ellos, la ex autoridad regional les habría ofrecido gestionar el cambio de uso de las tierras invadidas para que nadie pueda desalojarlos.
La intangibilidad de las tierras de Chinecas está consagrada por el Decreto Supremo 072-1985, lo mismo que por las leyes 29446 y 30725. La única manera de acceder a ellas, y por la vía legal, es a través de una subasta pública. El único cambio legal del que han sido objeto estas tierras, de uso agrícola a uso de vivienda, es el que se ha dado en el caso de las 308 y 217 hectáreas. Este es un proceso que, de conformidad con las referidas normas legales, solo puede ser gestionado por la municipalidad provincial del Santa, primero, ante las Superintendencia de Bienes Nacionales y, a continuación, ante el ministerio de Vivienda y finalmente C0FOPRI. En virtud de este procedimiento, las familias que han levantado su vivienda en dichas tierras ya están recibiendo sus respectivos títulos de propiedad.
Desde este punto de vista, lo que han protagonizado los trabajadores de la Corte Superior de Justicia y de la Fiscalía Provincial, está por completo fuera de todo contexto y en el lado opuesto de la legalidad. No solamente se trataría de un nuevo tráfico de tierras en perjuicio del estado sino también -y esto sí sería muy grave- de un tráfico de influencias o pago de favores. La historia nos ha demostrado que, disparates como éste, solo puede conducir a la quiebra de la institucionalidad y al resquebrajamiento del estado de derecho. No es un secreto para nadie que al interior de Chinecas y del gobierno regional de Ancash, esta amenaza goza de una antigua y efectiva complicidad.
Es una lástima que todo esto suceda a pocas semanas de haberse iniciado el nuevo estudio de factibilidad del proyecto Chinecas, esta vez merced al convenio suscrito entre el gobierno regional de Ancash y la agencia Pro Inversión. Aunque parezca ocioso tener que replantearlo, lo primero que se debe definir es si Chinecas va a ser el proyecto de irrigación que todos esperamos o seguirá siendo una agencia inmobiliaria.