Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
En un Estado democrático, la transparencia y la integridad en las investigaciones judiciales son fundamentales para garantizar la justicia y el respeto por los derechos de todos los ciudadanos.
Lamentablemente, la filtración de información reservada con fines lucrativos o de persecución política a opositores es una práctica que socava los cimientos de la democracia y la legalidad.
Esta situación se agrava durante los períodos electorales, cuando el direccionamiento de investigaciones y la filtración de información reservada se utilizan para manipular a la ciudadanía y orientar el voto hacia quienes pagan o están vinculados a intereses particulares. La judicialización de la política se convierte así en una herramienta para distorsionar la voluntad popular y socavar la legitimidad del proceso electoral.
Es imperativo que el Congreso del Perú tome medidas contundentes para erradicar esta impunidad. Tipificar como conducta ilícita la filtración de información reservada por parte de fiscales y policías es un paso crucial para proteger la confidencialidad de las investigaciones y garantizar un proceso judicial imparcial y justo.
Es esencial que la responsabilidad penal recaiga directamente en los funcionarios que filtran la información, evitando así que los periodistas sean injustamente señalados por el simple ejercicio de su labor informativa.
Los fiscales y policías deben ser conscientes de las graves consecuencias de revelar datos confidenciales con propósitos lucrativos o de persecución política, ya que esto no solo compromete la imparcialidad de las investigaciones, sino que también atenta contra los principios democráticos y los derechos individuales.
La protección de la confidencialidad en las investigaciones es esencial para garantizar la equidad y la legalidad en el sistema judicial. Solo a través de la aplicación rigurosa de la ley y el fortalecimiento de los mecanismos de control interno se podrá erradicar la impunidad y preservar la integridad del proceso judicial en el Perú.
En conclusión, es hora de que se establezcan medidas efectivas para prevenir y sancionar la filtración de información reservada con fines lucrativos o de persecución política, especialmente durante los períodos electorales.
La protección de la confidencialidad en las investigaciones es un requisito indispensable para asegurar la imparcialidad y la justicia en el sistema judicial, y para garantizar que los derechos de todos los ciudadanos sean respetados.
La transparencia y la legalidad deben prevalecer sobre cualquier intento de manipulación o judicialización de la política en el ámbito judicial.